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  1. El diagnóstico sobre el estado de la atención a problemas de salud mental, está más que hecho. La OMS, el Ministerio de Sanidad y casi todas las Comunidades Autónomas, han elaborado estrategias, planes, programas, libros blancos, sobre la situación de la salud mental. La coincidencia en el análisis y las soluciones que alumbran es abrumadora. Ahora se trata de poner en marcha las reformas necesarias para avanzar en el modelo.
  2. El modelo biomédico de atención ya no resuelve los problemas de sufrimiento psíquico de las personas ya que no tienen en cuenta los determinantes sociales de la salud. La atención debe basarse en un modelo biopsicosocial, enriquecido con la vertiente experiencial que suponen los propios pacientes.
  3. El modelo institucional debe orientarse hacia un modelo más cercano, inclusivo, de orientación comunitaria, con más apoyos de la comunidad, dejando de lado el hospitalocentrismo. Así mismo debe de tener actualizaciones en la cartera de servicios, comprometiendo más a la comunidad como activo en salud.
  4. La Sindicatura de Greuges detalló su trabajo en sanidad, sus funciones al servicio de los derechos de la ciudadanía y las recomendaciones del cumplimiento de los deberes legales. Explicó la grave deficiencia en coordinación entre administraciones, y el consecuente peregrinaje de los pacientes y familias por las distintas administraciones públicas en la búsqueda de soluciones. Informó de cómo realizar quejas, donde buscar información en su página web y cuando acudir justicia gratuita y a la fiscalía.
  5. La necesidad de aumentar los recursos y la financiación para resolver las enormes listas de espera y la atención limitada, introduciendo nuevas terapias comunitarias e incorporando la participación de pacientes y familiares. También hacer Comunidad, generando confianza en el modelo de atención comunitaria y acompañar con una “mirada distinta” a las personas con sufrimiento psíquico, y ayudarlas a transitar desde las instituciones hacia la comunidad con visión inclusiva y de integración sociolaboral.
  6. En síntesis, se insistió en la necesidad de políticas transversales, de reforzar el liderazgo compartido y las unidades de salud mental; así como su reorientación hacia equipos de tratamiento asertivo comunitario (ETAC), con una intensa coordinación sociosanitaria entre administraciones, dando un papel esencial a la atención primaria en los activos a la comunidad, para cambiar hacia un modelo de atención, que genere confianza, proximidad, inclusión y acompañamiento, tanto a las personas que sufren como a sus familias.

Para acabar, y dado que estas Jornadas estaban programadas en las Cortes Valencianas, para aproximar las necesidades de las personas con problemas de salud mental a los grupos parlamentarios, que han de definir las políticas públicas en la Comunidad Valenciana, planteamos cinco compromisos para su toma en consideración por los partidos políticos

Primero: Convertir la salud mental en una prioridad transversal de gobierno. Que las políticas de vivienda, educación, empleo, igualdad, infancia y servicios sociales incorporen objetivos concretos de promoción y protección de la salud mental.

Segundo: Transformar la cartera de servicios. Incorporar de manera efectiva intervenciones familiares, grupales, comunitarias, de apoyo mutuo y de recuperación funcional, junto a los tratamientos clínicos necesarios.

Tercero: Reorientar progresivamente la inversión. No limitarla al incremento de dispositivos y actividad asistencial, sino fortalecer también la prevención, la atención temprana, el apoyo en entornos ordinarios y la inclusión social, sin desatender a quienes necesitan cuidados especializados.

Cuarto: Garantizar la participación real de las personas. No solamente escucharlas, sino reconocer su capacidad para intervenir en las decisiones sobre su atención y sobre las políticas públicas.

Quinto: Cambiar la manera de evaluar los resultados. Medir no solamente consultas, ingresos, tratamientos y plazas, sino también calidad de vida, autonomía, derechos, participación comunitaria y recuperación.

Estos compromisos requieren liderazgo político, financiación, cooperación institucional y evaluación pública.

València, 13 de octubre de 2026