Las Organizaciones abajo firmantes hacemos un llamamiento a la sociedad valenciana para defender el derecho a la salud de toda la ciudadanía y el compromiso con la defensa y mejora de su sistema sanitario público, ante las elecciones autonómicas y para que lo cumplan los gobernantes que elijamos.
En la Comunidad Valenciana hemos asistido en estos últimos 4 años a un aumento de recortes en sanidad, que culminan con el Decreto-Ley 16/2012 para acabar con el Sistema Nacional de Salud (SNS) definido en la Ley General de Sanidad (LGS) de 1986. El desastroso impacto en la CV del RD ha eliminado prestaciones, aumentando las desigualdades y excluyendo directa o indirectamente a grandes colectivos de ciudadanos, con especial impacto en pensionistas, ancianos, discapacitados, inmigrantes, jóvenes y enfermos crónicos. En particular el aumento del copago ha traído como consecuencia que haya ciudadanos que deben abandonar tratamientos efectivos, al tener que elegir entre la compra de medicinas o el pago de bienes básicos como la comida, la electricidad, la calefacción o la vivienda.
En la atención a la Salud Mental las consecuencias también han sido desastrosas: revisiones de discapacidad y dependencia a la baja; denegación de incapacidad laboral; reducción de unos exiguos recursos de tratamiento y recuperación mental que estaban congelados desde 2001; ‘copago’ inasequible en unos dispositivos residenciales abrumadoramente privados y dependientes de la Conselleria de Bienestar Social; y el impacto indirecto que los recortes en Servicios Sociales también han supuesto para estos pacientes y sus familias.
A esta situación tan adversa hay que añadir que el gasto sanitario per cápita en la Comunidad Valenciana es de los más bajos del estado español (100€ menos que en la media del resto de comunidades) con una reducción del 9% del presupuesto sanitario.
Desde el punto de vista de la gestión, en Valencia se ha optado por la privatización de la gestión sanitaria, con la ampliación del modelo Alzira o de servicios esenciales como la resonancia magnética. El 20 % de los valencianos están atendidos por este modelo asistencial que no ha demostrado una mayor eficiencia que el modelo público. Incluso informes como el del defensor del pueblo valenciano sobre las resonancias expresan claramente que éstas son más caras en el modelo privatizado que en el modelo público y los pocos trabajos rigurosos de evaluación económica que se han hecho, demuestran la similitud en el gasto con los modelos de gestión pública.
Por tanto queremos manifestar que en las próximas elecciones nuestro compromiso es con la Sanidad Pública, como derecho y lo que ella representa para todos los ciudadanos del País Valenciano, por tanto seremos beligerantes con aquellas propuestas que supongan recorte de derechos o de prestaciones. Consideramos que el próximo gobierno ha de poner en el centro de su acción política a las personas, sus necesidades y su bienestar. Proponemos evaluar y en su caso revertir el modelo Alzira, que no ha demostrado una mayor eficiencia y sin embargo ha generado selección de pacientes e impuesto su planificación particular a la Conselleria. Exigimos una gestión eficiente, profesionalizada, despolitizada y transparente con participación de los profesionales y supervisión de la ciudadanía. Consideramos imprescindible dotar a la sanidad de una financiación suficiente y abogamos por un gobierno que ponga la salud en la agenda política y que despliegue iniciativas en todos los ámbitos para disminuir las desigualdades sociales y contribuya al fomento de la equidad y la justicia social.
A continuación proponemos los puntos que consideramos necesarios en las políticas sanitarias e invitamos a todos los ciudadanos a apoyar el manifiesto y constituir una alianza cívica por la defensa de la salud de las valencianas y los valencianos y de nuestro sistema sanitario público.
1.- Conseguir un Sistema Nacional de Salud (SNS) universal, de calidad, equitativo y democrático al servicio de la población y que atienda las causas biológicas, psicológicas y sociales de la salud y la enfermedad.
Como medida inmediata se propone la eliminación del copago injusto para pensionistas, discapacitados y personas sin ingresos y arbitrar los mecanismos necesarios para soslayar el Real Decreto-Ley 16/2012, como han hecho otras comunidades autónomas mientras se exige la abolición de esta norma y el cambio de la consideración constitucional del derecho a la salud para convertirlo en derecho fundamental.
2.- Garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario. Exigir y negociar una financiación adecuada para la Comunidad Valenciana, que permita la convergencia en gasto sanitario con la media de las Comunidades Autónomas. Los presupuestos de la Generalitat deben ser suficientes, reales y no deficitarios para conseguir la recuperación de los niveles de calidad en la asistencia. Arbitrar medidas de eficiencia y racionalidad: control y racionalización del gasto farmacéutico y tecnológico; disminución de la variabilidad asistencial, basándose en la evidencia científica; la no financiación de las terapias no resolutivas; Desarrollo en las Tecnologías de la Información (TIC’s) para favorecer la integración de la información entre los profesionales y con los pacientes.
3.- Desmercantilizar la Sanidad Pública. Evaluar comparativamente, mediante auditorías independientes, la eficiencia, sostenibilidad y calidad de atención del modelo Alzira, en igualdad de condiciones con el resto de departamentos de gestión pública, mientras se exige la abolición de la ley 15/97 de Nuevas formas de gestión. Control para el cumplimiento efectivo de los contratos en vigor y reversión de las concesiones administrativas al acabar el periodo contractual. Reversión de los contratos de resonancia magnética y de todas las líneas de trabajo que se han privatizado y que han resultado a la larga menos eficientes y más lesivas para la sanidad pública, utilizando los mecanismos necesarios para evitar un coste adicional por la reversión. Delimitación de las relaciones público privado, garantizando en cualquier caso la confidencialidad de la información de los ciudadanos depositada en las bases de datos públicas, a través de mecanismos de control democrático, excluyendo en todo caso el acceso, gestión o cesión de esos datos a entidades privadas o semiprivadas.
4.- Generalizar los modos democráticos de gestión: transparencia, rendición de cuentas, asunción de responsabilidades, participación. Evaluación de políticas de salud y de la introducción de nuevas tecnologías y nuevos tratamientos. Profesionalización de la gestión sanitaria en base a la capacidad y el mérito (no a la afinidad política). Transparencia y control entre los profesionales y la industria farmacéutica. La gestión transparente debe conllevar mecanismos efectivos y reales de participación y control de profesionales y ciudadanos en el funcionamiento y la gestión de los servicios sanitarios en todos los niveles, así como en las modificaciones del mapa sanitario. La progresiva constitución de Consejos de Salud en cada Centro de Salud, en los que participarán representantes de los profesionales y usuarios para decidir sobre los aspectos sanitarios que les afecten, permitirá democratizar los desprestigiados Consejos de Departamento y de Comunidad actuales, haciéndolos pasar de presuntos órganos de consulta y asesoramiento a órganos de planificación y control de la gestión.
5.- Potenciar la Atención Primaria (AP), aumentando su dotación económica, su autonomía de gestión, su capacidad de resolución y el tiempo de atención al paciente en la consulta. Implementar las funciones de promoción de salud y prevención de la enfermedad. Desarrollar cometidos profesionales de mayor responsabilidad para los colectivos profesionales de enfermería y trabajo social. Potenciar la autonomía de los pacientes y su participación en las decisiones clínicas. Potenciar la autonomía de los pacientes y su participación en las decisiones clínicas. Coordinar mejor la A.P. con sus unidades de apoyo, en especial las de salud mental, rehabilitación, conductas adictivas, etc.
6.- Hacer de los hospitales centros de eficiencia sanitaria, mediante la reorganización de la estructura, reorientándola al paciente y sus necesidades y a los procesos, lo que requiere un reordenación de los recursos, una concentración y uso adecuado de la tecnología y una mayor coordinación y apoyo a la actividad en A.P. mediante acuerdos profesionales para el despliegue de consultas de apoyo, circuitos asistenciales específicos para determinados colectivos clínicos, visitas virtuales… Utilización de las instalaciones a su rendimiento óptimo, implantando los tres turnos a todo el personal y adecuando las plantillas con esta finalidad.
7.- Diseñar y poner en marcha un modelo de atención a la cronicidad y sociosanitaria que reorganice los servicios, aumente la calidad y reduzca costes, partiendo de los recursos de que disponemos tanto del ámbito sanitario como social. Para ello hay que considerar el departamento de salud como la unidad territorial donde planificar la asistencia sociosanitaria, integrando recursos y procedimientos. Paso a Sanidad de los tratamientos ahora dispersos (sobre todo en Bienestar Social) respecto a Salud Mental, Discapacidades y Dependencias, en la línea marcada por la Organización Mundial de la Salud.
8.- Disminuir las desigualdades entre departamentos de salud. Hay que realizar una evaluación de las desigualdades en salud, tanto en el conjunto de la Comunidad Valenciana como dentro de los departamentos de salud, analizando los diferentes aspectos que pueden influir en las mismas (nivel socioeconómico, género, política sanitaria y financiera aplicada, etc.) para poder desarrollar estrategias adecuadas para su reducción
9.- Desarrollar una política de personal que oriente la actividad asistencial por objetivos, que exija para los responsables de los distintos servicios la dedicación exclusiva y que la apoye para el resto de profesionales, con medición de resultados en salud e incentivación por consecución de objetivos. Para ello debe haber un sistema de definición y evaluación de metas basado en las necesidades de la población y de los pacientes, consensuado con los profesionales, ecuánime y transparente. Las demoras para especialidades, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas deben reducirse drásticamente.
10.- Desplegar políticas intersectoriales de salud, siguiendo la recomendación de la SESPAS “salud en todas las políticas” lo que supone alianzas estratégicas con ayuntamientos para el desarrollo de programas de ejercicio y promoción de la salud, contaminación atmosférica, accesibilidad urbana y con empresas para el desarrollo de alimentación y consumo saludable. Para ello proponemos utilizar el Plan de Salud intersectorial como herramienta de análisis de la información, enunciación y priorización de políticas y evaluación de resultados, mediante la mejora y la integración de los sistemas de información de salud pública y asistencia sanitaria
Mayo 2015
ORGANIZACIONES ADHERIDAS AL MANIFIESTO:
ACDESA-PV (Asociación Ciudadana por la Defensa y Promoción de la Salud del País Valenciano)
AVUSAN (Asociación Valenciana de Usuarios de la Sanidad)
COMITÉ CIUDADANO ANTISIDA COMUNIDAD VALENCIANA
INTERSINDICAL VALENCIANA
CAVECOVA
COMUNIDADES CRISTIANAS POPULARES DE VALENCIA
ASOCIACIÓN DE VECINOS CIUDAD DEL ARTISTA FALLERO
FRENTE CÍVICO SOMOS MAYORÍA DE VALENCIA
AENPV (Asociación Española de Neuropsiquiatría Profesionales de Salud Mental País Valenciano)
AMADEM (ONG por la Salud Mental de la Marina Alta)
Para adhesiones enviar un correo a: secretaria@acdesa.com
