La SALUD es el bien más preciado de las personas y la base para una vida autónoma y plena. La salud depende de factores económicos, medioambientales, sociales, personales y del sistema sanitario.
Todas las personas deben tener acceso a la mejora de su salud, sin distinción de edad, sexo, clase social y situación jurídica.
Es obligación de la Administración Pública impulsar la promoción y la protección de la salud y la prevención de la enfermedad, interviniendo con políticas públicas en los determinantes que más influyen sobre la salud colectiva como las desigualdades, la pobreza y la exclusión social; en la promoción de hábitos saludables; en el impulso de entornos laborales saludables que combatan la precariedad y la explotación; en evitar la discriminación sexual al tiempo que se favorece la libre opción sexual de todas las personas.
Además la administración pública ha de proporcionar un sistema de atención sociosanitaria público, de acceso universal, de calidad, financiado públicamente, efectivo y sostenible, que ponga en primer plano las necesidades de las personas con problemas de salud, que se preste de manera próxima en el entorno.
1. El modelo ALZIRA de gestión privada, creado e impulsado por los gobiernos del Partido Popular en el país Valenciano a partir de 1999 y que actualmente atiende a al 20 % de la población valenciana, responde a intereses mercantiles y no de la población.
2. Durante estos años, las empresas concesionarias se han movido en la más absoluta autonomía e impunidad, con el apoyo manifiesto del gobierno del PP, que ha hecho una dejación constante de sus funciones de control.
3. Hoy las concesiones sanitarias controlan, en carácter de oligopolio además de Alzira, también Denia, Torrevieja, Manises, Elx-Crevillent con capital de inversiones especulativas i financieras que han convertido el derecho a la salud en una mercancía y la sanidad como botín.
4. El modelo Alzira de concesión privada, no ha mejorado la gestión de los servicios públicos sanitarios, creando en muchos casos desigualdades de atención entre la población valenciana, desplegando servicios innecesarios, restringiendo recursos necesarios, todo ello con el objetivo de aumentar los beneficios económicos de las empresas. Los modelos públicos de prestación sanitaria son de más calidad, más equitativos y más baratos que los modelos de gestión privada.
5. Las concesiones han desplegado en estos años estructuras opacas al control de la administración como la plataforma logística b2b, con el objetivo de obtener beneficios adicionales, cobrando comisiones a los proveedores de suministros, formación, etc… Además de priorizar pacientes de fuera de los departamentos por delante de la población protegida o contabilizando, como más complejos, servicios prestados a pacientes fuera de su ámbito concesional.
6. Ante la decisión del gobierno valenciano de dar por acabado el modelo sanitario de gestión privada, las concesiones han desplegado una campaña de manipulación de la opinión pública, difundiendo entre la población el recorte de prestaciones y los despidos masivos entre los trabajadores. Nada de esto es real, su objetivo es atemorizar a la población y los profesionales para que sean ellos los que presionen a favor de los interese particulares de la empresa.
7. Desde la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública, apoyamos el proceso de reversión del modelo concesional iniciado con el departamento de la Ribera, por el gobierno valenciano. Pero es nuestro objetivo también la reversión de los recortes en prestaciones y recursos sanitarios, que impuso el PP con el Real Decreto-Ley 16/2012, que nos ha transformado de ciudadanos con derechos en asegurados y que ha supuesto un quebranto para la salud de los sectores más vulnerables de la población: las personas mayores, las clases trabajadoras, los jóvenes y las personas en situación irregular que han venido a nuestro país por necesidad o persecución.
