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Comunicado de ACDESA-Castellón sobre las presuntas irregularidades en la facturación de las Resonancias Magnéticas Nucleares (RMNs).

Ante las recientes informaciones publicadas en el diario “El Pais” sobre presuntas irregularidades en la facturación de las Resonancias Magnéticas Privadas en el Departamento de Castellón[i], la Asociación de defensa de la Sanidad Pública ACDESA-CS expone que:

La privatización de las RMNs en la Comunitat Valenciana ha supuesto un importante traspaso de recursos y dinero público al sector privado. El concierto de resonancias magnéticas representa el 10,9% de los 469,5 millones de euros de las obligaciones reconocidas en 2012 de conciertos sanitarios por la administración pública[ii]. Sin embargo, más allá del gasto, la concesión privada de la RMN en la Comunitat ha provocado una pérdida de valor tecnológico para la Sanidad Pública Valenciana y un retraso en el desarrollo formativo y asistencial en este campo de conocimiento.

Las recientes informaciones sobre supuestas irregularidades en la facturación del servicio de RMN del Departamento de Castellón compromete a esta asociación a instar a la Consellería de Sanitat Universal y Salud publica a investigar y esclarecer los hechos, así como si se encuentran indicios delictivos ponerlos en conocimiento de la autoridad judicial competente. Así mismo solicitamos a Consellería a comprobar la facturación de todos los departamentos con las empresas privadas adjudicatarias de Resonancias Magnéticas durante el periodo 2000-2008 para esclarecer si estas presuntas irregularidades también ocurrían en otros departamentos.

Por otro lado, queremos mostrar nuestro apoyo público a nuestro compañero el Dr. José García Vila por su ejemplo de profesionalidad, honestidad y compromiso con la Sanidad Pública. Una vez más, se demuestra que los profesionales públicos son los mejores garantes para la adecuada gestión de los valiosos recursos sanitarios.

Castellón a 29 de enero de 2019

[i]Un jefe médico denuncia corrupción en la privatización de las resonancias en Valencia. Diario El Pais. 29 de enero de 2019.

https://elpais.com/sociedad/2019/01/28/actualidad/1548703492_560171.html

[ii] Informe «Resonancias magnéticas: una oportunidad de ahorro» Sindicatura de Comptes.

https://www.sindicom.gva.es/web/wdweb.nsf/titulares/01_08_2013_3761731. Visitado en Octubre de 2018.

Manifiesto ACDESA-CS sobre el Hospital Provincial de Castellón

El Hospital Provincial de Castellón está gestionado desde el año 2004 por un consorcio público compuesto por la diputación Provincial y la Conselleria de Sanitat. La financiación del mencionado consorcio proviene al menos, del Ministerio de Política Territorial y función Pública (diputación) y de la Consellería de Sanitat.

Los consorcios se organizan alrededor de unos estatutos que regulan su régimen orgánico, funcional, patrimonial, contable y financiero, pudiendo realizar su actividad con independencia para las actividades que fue creado. Gozan por ello  de gran autonomía e independencia.

Probablemente, la desconfianza que los órganos de control de las administraciones públicas al escapar estas entidades a su función interventora motivó la reforma de leyes como la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que introdujo la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que  limitaba la autonomía de los consorcios sobre todo en materia de contratación.

Además,  los consorcios como cualquier otra institución de derecho público pueden  utilizar cualquier forma de gestión directa o indirecta del servicio público, pudiendo crear sus propias formas instrumentales de gestión.

La tendencia  histórica de los Hospitales Provinciales y otras instituciones hospitalarias, en diferentes regiones de España conforme se desarrollaba la Ley General de Sanidad y el Sistema Nacional de Salud  fue la integración en la red pública de hospitales de cada Comunidad Autónoma. El motivo fundamental para la integración  de estos hospitales fue evitar duplicidades y heterogeneidad en los sistemas sanitarios, optimización de recursos asistenciales, mejorar la gestión y la gobernanza de los sistemas sanitarios público y controlar la contratación de personal.

En 2016, la Consellería de Sanitat Universal y Salud Pública anunció un proyecto integral para el Hospital Provincial de Castellón en la dirección de la integración del hospital a la red pública de hospitales. También se aprobó  ese mismo año una proposición no de ley (PNL) para poner fin al modelo de consorcio. Todas estas medidas se iniciaron para mejorar la gestión de los recursos sanitarios del departamento de Castellón y mejorar la asistencia sanitaria de sus ciudadanos.

ACDESA-CS considera importante realizar un balance sobre el avance de la integración del Hospital Provincial en la red pública de hospitales pues poco ha cambiado la situación. El modelo de consorcio sigue en funcionamiento y la integración no ha supuesto un cambio sustancial cualitativo a pesar que este compromiso se encuentra en los programas electorales de los miembros del actual Gobierno Valenciano.

La falta de integración del consorcio del Hospital Provincial de Castellón a la red pública de hospitales influye de manera importante en la asistencia sanitaria recibida por los ciudadanos. Un ejemplo de lo anterior es el reciente problema relacionado con el Programa de Trastornos Mentales Graves de la infancia y adolescencia,  dónde la imposibilidad de cubrir  una plaza de psiquiatría ya repercute en la sensación de calidad del servicio, y necesariamente en la asistencia. Para esta asociación es necesario poner el foco en los ciudadanos afectados por la falta de recursos de este programa. Los enfermos del programa, muchos de ellos de otras poblaciones como Morella, Vinarós,  se encuentran además en una situación de gran vulnerabilidad por la complejidad de sus patologías mentales. Pacientes y familiares han comenzado a movilizarse ( ante el Síndic de Greuges, reclamaciones ante el SAIP, etc) para denunciar el desamparo provocado por una situación que les impide continuar siendo atendidos en el hospital psiquiátrico de referencia para la provincia por lo anteriormente expuesto.

Por todo lo anterior ACDESA-CASTELLÓN reclama a las administraciones públicas valencianas (Consellería de Sanitat y Diputación) la finalización del actual modelo de consorcio del Hospital Provincial de Castellón para conseguir la integración real del mencionado hospital a la red pública de hospitales valencianos.

Castellón a 19 de noviembre de 2018

Manifiesto ACDESA-CS sobre el Hospital Provincial de Castellón.

El Hospital Provincial de Castellón está gestionado desde el año 2004 por un consorcio público compuesto por la diputación Provincial y la Conselleria de Sanitat. La financiación del mencionado consorcio proviene al menos, del Ministerio de Política Territorial y función Pública (diputación) y de la Consellería de Sanitat.

Los consorcios se organizan alrededor de unos estatutos que regulan su régimen orgánico, funcional, patrimonial, contable y financiero, pudiendo realizar su actividad con independencia para las actividades que fue creado. Gozan por ello  de gran autonomía e independencia.

Probablemente, la desconfianza que los órganos de control de las administraciones públicas al escapar estas entidades a su función interventora motivó la reforma de leyes como la  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que introdujo la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que limitaba la autonomía de los consorcios sobre todo en materia de contratación.

Además,  los consorcios como cualquier otra institución de derecho público pueden  utilizar cualquier forma de gestión directa o indirecta del servicio público, pudiendo crear sus propias formas instrumentales de gestión.

La tendencia  histórica de los Hospitales Provinciales y otras instituciones hospitalarias, en diferentes regiones de España conforme se desarrollaba la Ley General de Sanidad y el Sistema Nacional de Salud  fue la integración en la red pública de hospitales de cada Comunidad Autónoma. El motivo fundamental para la integración de estos hospitales fue evitar duplicidades y heterogeneidad en los sistemas sanitarios, optimización de recursos asistenciales, mejorar la gestión y la gobernanza de los sistemas sanitarios público y controlar la contratación de personal.

En 2016, la Consellería de Sanitat Universal y Salud Pública anunció un proyecto integral para el Hospital Provincial de Castellón en la dirección de la integración del hospital a la red pública de hospitales. También se aprobó  ese mismo año una proposición no de ley (PNL) para poner fin al modelo de consorcio. Todas estas medidas se iniciaron para mejorar la gestión de los recursos sanitarios del departamento de Castellón y mejorar la asistencia sanitaria de sus ciudadanos.

ACDESA-CS considera importante realizar un balance sobre el avance de la integración del Hospital Provincial en la red pública de hospitales pues poco ha cambiado la situación. El modelo de consorcio sigue en funcionamiento y la integración no ha supuesto un cambio sustancial cualitativo a pesar que este compromiso se encuentra en los programas electorales de los miembros del actual Gobierno Valenciano.

La falta de integración del consorcio del Hospital Provincial de Castellón a la red pública de hospitales influye de manera importante en la asistencia sanitaria recibida por los ciudadanos. Un ejemplo de lo anterior es el reciente problema relacionado con el Programa de Trastornos Mentales Graves de la infancia y adolescencia,  dónde la imposibilidad de cubrir una plaza de psiquiatría ya repercute en la sensación de calidad del servicio, y necesariamente en la asistencia. Para esta asociación es necesario poner el foco en los ciudadanos afectados por la falta de recursos de este programa. Los enfermos del programa, muchos de ellos de otras poblaciones como Morella, Vinaros,  se encuentran además en una situación de gran vulnerabilidad por la complejidad de sus patologías mentales. Pacientes y familiares han comenzado a movilizarse ( ante el Síndic de Greuges, reclamaciones ante el SAIP, etc) para denunciar el desamparo provocado por una situación que les impide continuar siendo atendidos en el hospital psiquiátrico de referencia para la provincia por lo anteriormente expuesto.

Por todo lo anterior ACDESA-CASTELLÓN reclama a las administraciones públicas valencianas (Consellería de Sanitat y Diputación) la finalización del actual modelo de consorcio del Hospital Provincial de Castellón para conseguir la integración real del mencionado hospital en la red pública de hospitales valencianos.

Castellón a 19 de noviembre de 2018

Por la recuperación de la hemodialisis pública

Con el actual Gobierno, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha iniciado el proceso de reversión de la privatización sanitaria. En este sentido el ejemplo más significativo ha sido la recuperación del Hospital de la Ribera, aunque queda mucho por hacer. Por otra parte también está en proceso la reversión de la Resonancia Magnética que, junto a la hemodiálisis, representan parte de la tecnología sanitaria previamente abandonada por la Sanidad Pública.

La hemodiálisis privada atiende aproximadamente a un 70% de pacientes con enfermedad renal crónica terminal, sin embargo este porcentaje llega a más del 90% en la provincia de Castellón, donde el Hospital General Universitario es el único que cuenta con una Unidad de Diálisis, a diferencia de La Plana en Vila-real y Vinaròs.

En 2018 y tras muchas trabas, fundamentalmente interpuestas por las empresas privadas candidatas, ha comenzado parte de la adjudicación del concurso para atender a pacientes con enfermedad renal crónica terminal en centros privados de hemodiálisis. Inicialmente este concurso, que incluía a la totalidad de la Comunidad Valenciana y que se dividía en más de 15 lotes, no contempló la posibilidad de que los hospitales públicos pudieran acceder a la licitación, y poder ampliar así la prestación sanitaria a enfermos cuyas hospitalizaciones y complicaciones sí son atendidas en sus hospitales de referencia, con un coste sobreañadido que nunca se ha cuantificado. Finalmente y tras numerosas impugnaciones, varios lotes han quedado desiertos y no han sido adjudicados a ninguna empresa, por lo que más de 500 pacientes de los algo más de 2000 que se contemplaba inicialmente van a seguir recibiendo el tratamiento según los requerimientos del antiguo contrato. Esto significa que van a ser dializados con una tecnología desfasada (el concurso previo finalizó antes del año 2010) y con un mayor coste por sesión, o dicho de otro modo de una manera ineficiente para el sistema sanitario.

Entre los lotes que han quedado desiertos se encuentra el de Vinaròs, único centro concertado del Departamento 1, en la provincia de Castellón. El Hospital de Vinaròs no dispone de Sección/Servicio de Nefrología por lo que, ante cualquier urgencia o incidencia, los enfermos que son tratados en el centro de hemodiálisis deben acudir al Hospital General Universitario de Castellón situado a 70 Kms. Esta es la mayor distancia entre un centro de hemodiálisis y su hospital de referencia en toda la Comunidad Valenciana. Pero no sólo estos enfermos han de desplazarse a Castellón, también los familiares y otros pacientes que requieren hospitalización por cualquier patología nefrológica, independientemente de que precisen diálisis o no. Esta realidad conlleva una inequidad en la asistencia recibida por los ciudadanos del Departamento 1, además de poner en riesgo la seguridad de los enfermos en hemodiálisis cuando han de ser trasladados entre ambos centros hospitalarios.

La histórica falta de equidad, y de seguridad, para los pacientes de Vinaròs son motivos suficientes que la Conselleria debiera haber considerado como prioritarios en su compromiso de recuperación de servicios y tecnología cuando se decidió actualizar el concurso de hemodiálisis. Hoy, antes de que finalice la actual legislatura, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública dispone de una segunda oportunidad. De hecho la propia Comisión de Sanidad y Consumo, en su Resolución 1.381/IX del 14 de mayo, aprobada por todos los grupos, sobre asistencia a enfermos renales, lo ha solicito formalmente a las Corts. El hecho de que en el Departamento 1 se atiende a un menor número de pacientes que en los otros lotes que han quedado sin adjudicar, que la distancia que separa a este centro de diálisis con su hospital de referencia es la mayor dentro de la Comunidad Valenciana, y que Castellón es la provincia con una mayor privatización de la hemodiálisis son, junto con la falta de equidad y seguridad, razones de peso indiscutibles, pero sobre todo suponen una nueva ocasión para que el actual Gobierno mejore la atención a los pacientes renales y la eficiencia del sistema sanitario público.

Por todo ello, desde ACDESA-PV consideramos que:
1.- Es necesaria la finalización de los conciertos privados con las empresas de hemodiálisis, así como la recuperación de los pacientes a los centros públicos.
2.- Actualmente hay una oportunidad para hacer realidad esta reversión, empezando por los lotes no adjudicados de forma prioritaria, considerando al Departamento de Vinaròs, por sus especiales características, como un objetivo a valorar en primer lugar.
3.- Es una medida factible, adecuada y realista, que supondría una mejora de la atención sanitaria y un ahorro de los valiosos recursos sanitarios públicos.

Muerte Digna: Presente y Futuro

Jornada sobre la Muerte Digna

Un encuentro, en el Hospital General de Castellón, para compartir y debatir los aspectos más humanos de la medicina y de la vida

Organiza: ACDESA Castellón, Universidad Jaime I y Hospital General Universitario de Castellón
Fecha: 29 de noviembre de 2017
Horario: 9.30 a 11.30 horas
Lugar: Hospital General Universitario de Castellón. Salón de Actos planta 3ª.

Abierta inscripción aquí

Comunicado contra la corrupción

La corrupción es uno de los principales problemas que afectan a las instituciones de nuestro país y una gran preocupación para los ciudadanos que observan el colapso de nuestro sistema democrático en manos de partidos políticos corruptos. El impacto de la corrupción sobre los derechos sociales ha sido considerable, se puede llegar a imaginar la cantidad de proyectos que no se han podido realizar a causa del desvío de dinero a bolsillos ajenos. Todas las instituciones han sido salpicadas por la corrupción a los largo de los años, lo que orienta a pensar que la misma está imbricada y auspiciada en el sistema, bien por falta  de control o de rigor moral. La respuesta frente a la corrupción a través de la ley y la persecución de los delitos es necesaria pero no suficiente para conseguir librar a las instituciones de la sombra de los corruptos, a menudo lo denunciado es la punta del iceberg de una realidad más compleja. Se precisa una respuesta política y ética para conseguir alejar la corrupción de las instituciones. Esa respuesta pasa sin duda por impedir que los partidos corruptos controlen las instituciones y exigir unidad democrática de las fuerzas políticas del cambio. La corrupción exige firmeza y decisión tanto de los políticos como de la sociedad española para no caminar lentamente al subdesarrollo. Por ello ACDESA-PV quiere expresar, a través de esta declaración contra la corrupción ,la imperiosa necesidad de la unidad de todos los grupos políticos para descabalgar a los corruptos del gobierno por justicia, ética y regeneración democrática.

La Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados valora la situacion de los enfermos renales y hemodiálisis publica

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Riñón el pasado día 9 de marzo representantes de enfermos renales, de las sociedades nefrólogicas médicas y de enfermería, y el Dr. Rafael Matesanz como presidente de la Organización Nacional de Trasplantes se reunieron con la Comisión se Sanidad y Servicios Sociales para trasladar a los responsables políticos sus inquietudes y necesidades.

Entre los distintos temas tratados durante las intervenciones de cada uno de los participantes se coincidió en la importancia de la prevención como medida clave para frenar el enorme impacto que la enfermedad renal crónica está teniendo sobre la Salud de la Población, el éxito del trasplante renal en nuestro país y la necesidad de seguir trabajando en la captación de nuevos donantes, sobre todo en asistolia así como en la donación de vivo. En este sentido fueron los pacientes los que reclamaron un mejor trato administrativo en lo que se refiere al porcentaje de discapacidad para los receptores así como una consideración especial para los donantes vivos, planteándose incluso que se les dote de un periodo de baja laboral, similar a la que tiene lugar tras un embarazo, tras la intervención de extracción del riñón.

Fueron varios los diputados que entendieron que éste es un problema de Salud Pública, y en este sentido desde el ámbito médico se informó de la desproporcionada privatización de la hemodiálisis en nuestro país, reclamando un mayor protagonismo de los hospitales públicos en los que desde hace décadas se ha producido una limitación en la creación de plazas de hemodiálisis para enfermos renales, llegándose incluso a recortar dicha disponibilidad en los últimos años. Es precisamente la Comunidad Valenciana un ejemplo claro de ésta clase de política privatizadora, donde la hemodiálisis privada supone el 80% de la actividad, situación que se produce en paralelo a una menor prevalencia de pacientes trasplantados. De hecho, a pesar de que el trasplante renal está reconocido como el tratamiento sustitutivo renal más eficiente, la Comunidad Valenciana está situada en último lugar según los datos de prevalencia del Registro de la Sociedad Española de Nefrología

Recuperar y universalizar la hemodiálisis pública mejoraría la seguridad de los pacientes.

Respecto a las informaciones recientemente publicadas en medios de Castellón sobre la saturación de los Servicios de diálisis hospitalarios públicos, ACDESA-PV quiere manifestar que son el reflejo de una deficiencia que afecta a todo el País Valenciano y son fruto de la privatización perpetrada de estos servicios hace más de 20 años.

1. En los últimos años ha existido un incremento de pacientes que necesitan iniciar diálisis. Según los últimos datos del Registro de Enfermos Renales de la Comunidad Valenciana (CV) en el 2015 comenzaron a tratarse 675 pacientes, el 73% con hemodiálisis, y las cifras de prevalencia indican que hay algo más de 6500 pacientes en tratamiento sustitutivo renal; la mitad en hemodiálisis, un 43% trasplantados y un 7% en diálisis peritoneal. Este aumento del número de pacientes que necesitan diálisis supone que la CV se sitúa a la cola de España en pacientes trasplantados según el registro de la Sociedad Española de Nefrología.

2. La enfermedad renal es un problema de Salud Pública que afecta a un 10% de la población general y consume el 3% del gasto sanitario total, la mayor parte del cual es debido al elevado coste del tratamiento sustitutivo renal (TSR) con diálisis o trasplante. Se calcula que el coste del TSR es seis veces mayor que el de un paciente con VIH o que multiplica por veinticuatro el de un enfermo de EPOC.

3. Dada la complejidad de los pacientes en hemodiálisis, no entendemos que no se dote de más recursos de nefrología (secciones o servicios de nefrología y unidades de diálisis) a todos los hospitales públicos y se prefiera contratar con centros privados. Recuperar la hemodiálisis pública mejoraría la seguridad ante cualquier complicación de los enfermos, evitaría el desplazamiento innecesario de pacientes entre la privada y la pública, a la vez que un número significativo de ingresos hospitalarios y garantizaría una mayor calidad asistencial de los pacientes Consideramos pues que la reversión de la diálisis a la sanidad pública supone una medida eficiente para optimizar los recursos sanitarios.

4. La atención nefrológica para los pacientes en la CV no es universal. De hecho hay 4 departamentos donde está completamente ausente; Vinaroz en Castellón, Arnau de Vilanova y Requena en Valencia, y San Juan en Alicante. Además, si analizamos la disponibilidad de hemodiálisis a nivel de hospitales públicos la falta de equidad aumenta. Así pues, a los departamentos anteriormente mencionados, se sumarían La Plana en Castellón, Sagunto en Valencia y Orihuela en Alicante. Este hecho, junto con la falta de inversión en los centros públicos, provoca que en la actualidad sólo el 20 % de enfermos en hemodiálisis reciben tratamiento en un centro público, mientras que la gran mayoría, el 80%, es atendido en centros privados.

Desde ACDESA-PV proponemos:

  • La finalización de los conciertos privados con las empresas de hemodiálisis

  • Que la Conselleria dote adecuadamente los centros públicos para hacerse cargo cuanto antes de esta actividad que redundará en beneficio de los pacientes y de la población general

La enfermedad no debe ser un negocio. Los valiosos recursos sanitarios deben de utilizarse en medidas costo-efectivas dirigidas a hacer perdurar la atención de calidad a los pacientes nefrológicos.

Valencia a 6 de marzo de 2017

Clausura de las “XXXIV Jornadas de la FADSP” Y “III Jornades Salut d’ ACDESA-PV.”

Clausura de las “XXXIV Jornadas de la FADSP” Y “III Jornades Salut d’ ACDESA-PV.”

M. SÁNCHEZ BAYLE: “LA SANIDAD SERÁ PÚBLICA MIENTRAS ESTEMOS DISPUESTO A DEFENDERLA”

Hoy finalizan las 34 Jornadas de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Samidad Pública (FADSP) y III Jornades de Salut d’ACDESA-PV que se han desarrollado durante los días 18 y 19 en el Planetario de Castellón, cuya apertura tuvo lugar ayer a cargo de María Gil (ACDESA-PV), y los concejales Rafael Simó (Castellón), Manel Navarro (Borriana) y Diana Benlliure (Almassora).

Las jornadas han contado con la asistencia de cerca de un centenar de personas llegadas de toda la geografía, lo que facilitado una viva participación de los asistentes tratándose temas como TTIP y su repercusión en la salud de las personas, la comparativa del proceso privatizador en Reino Unido y España, la marea blanca en Madrid y Galicia, la sostenibilidad del SNS, la perspectiva de género en la atención a las enfermedades crónicas, la relación entre polimedicación, multinacionales e incremento del gasto sanitario y el número y tipo de excluidos del sistema en nuestro territorio entre otros temas en el contexto de la mesas de debate sobre mercantilización de la salud, la atención a la cronicidad como reto del sistema y la salud global y exclusión sanitaria.

El encargado de clausurar el evento que nos ha reunido durante dos días ha corrido a cargo del histórico de la lucha por la sanidad pública, Marciano Sánchez Bayle.

Desde el Comité Organizador queremos agradecer la colaboración de los Ayuntamientos de Castellón, Vila-real, Borriana (concejalía de sanidad), Almassora y Almenara por la cesión del espacio, impresión de materiales y patrocinio, que han facilitado el desarrollo de esta cita tan importante en nuestra provincia.

Castellón, 19 de noviembre de 2016

La Ley General de Sanidad 30 años después. Retos de la sanidad pública

Acto conjunto del Instituto Médico Valenciano y la
Asociación Ciudadana para la Defensa y promoción de la Salud del País
Valenciano

Valencia, 22 de noviembre de 2016, 19:00 horas
Sala de Grados de la Facultad de Medicina y Odontología de Valencia
Avda. Blasco Ibáñez 15. Valencia

DEBATE
La Ley General de Sanidad 30 años después.
Retos de la sanidad pública.

Moderadores:
Francisco J Morales Olivas. Presidente del Instituto Médico Valenciano y
Eduardo Zafra Galán. Médico, miembro de ACDESA

Ponentes:
Fernando Lamata Cotanda
Médico. Ex-Secretario General de Sanidad del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Ildefonso Hernández Aguado
Catedrático de Salud Pública. Universidad Miguel Hernández

Cartel