Crisis económica y salud, otra respuesta es posible
Las crisis económicas aumentan las desigualdades sociales y empeoran los indicadores de salud poblacionales. Se constata un aumento total de la mortalidad general e infantil, un aumento de la tasa de suicidios, mayor tasa de mortalidad por enfermedades infecciosas, una reducción de muertes por accidente de tráfico, mas prevalencia en enfermedades mentales…. Los mismos comportamientos se produjeron en la ex-URSS durante la crisis de los años 90, la privatización masiva de servicios sanitarios se asocio con incrementos de la mortalidad a corto plazo. En España aun no hay estudios concluyentes, pero las desigualdades entre comunidades autónomas son notables. El paro, uno de los factores que incrementan la prevalencia en enfermedades mentales y la tasa de suicidios, es el doble en Andalucía o Canarias que en el País Vasco y 14 puntos inferior en éste último que en el País Valenciano. La crisis tiene un efecto más agresivo sobre los grupos sociales más vulnerables como las mujeres, y sobre determinados grupos de enfermos como los enfermos mentales. No parece haber diferencias entre la situación de Portugal (país intervenido por la troika) y España, en cuanto al progresivo deterioro de derechos ciudadanos y recortes del estado de Bienestar.
Cuando las políticas sociales y sistemas de protección social funcionan el impacto de la crisis en la mortalidad es menor o nulo por eso se requieren políticas publicas de protección para los más débiles. Todo lo contrario de las políticas que están llevando a cabo aquí, por los gobiernos central y autonómico. La crisis se está aprovechando, por el neoliberalismo y sus instrumentos como el FMI y el BCE, para imponer su ideología, adelgazando el estado del Bienestar y haciendo recaer el peso de la deuda y la salida de la crisis provocada por el capital financiero, sobre las clases medias y bajas.
En cuanto al sistema sanitario, hay una amenaza real de privatización, habiendo previamente eliminando derechos y transformando el sistema de nacional de salud en un sistema de aseguramiento, mediante la exclusión de la asistencia sanitaria de los irregulares y las dificultades de acceso para otros sectores sociales.
Frente a los recortes adoptados la postura mayoritaria de los participantes es que hay que defender y mejorar el Sistema sanitario público, que es económicamente sostenible, universal, que ha contribuido a la mejora de los resultados en salud, que tiene una positiva valoración por parte de los usuarios y que en relación a nuestro PIB resulta eficiente. No obstante hay bolsas de ineficiencia que requieren reformas del Sistema Nacional de Salud que deberían acometerse, conservando en todo momento su carácter universal y público. Entre estas están el uso racional del medicamento que incluye la desmedicalización de la vida cotidiana. Respecto a las propuestas de repago farmacéutico implantadas, se consideran injustas e ineficaces por hacer recaer sobre el paciente medidas de efecto probablemente negativo y de dudoso ahorro a corto plazo. Otras intervenciones a realizar serían, la disminución de la variabilidad injustificada y abusiva en determinadas pruebas tecnológicas y prestaciones; la mesura en la introducción de nuevas tecnologías, cuya eficiencia debería probarse previamente; el aumento de la capacidad resolutiva y la autonomía de la atención primaria y la fluidez de las relaciones entre atención primaria y el hospital; el fomento de la participación profesional y ciudadana; la transparencia y el buen gobierno que incluya la profesionalización de la gestión y la desburocratización, aunque estas medidas requieren en buena medida la reforma de la administración general y no solo la sanitaria. Parala OMSla cobertura universal de salud implica que todas las personas tengan acceso, sin discriminación alguna, a los servicios básicos preventivos, curativos y de rehabilitación de la salud y a medicamentos esenciales, seguros, asequibles, eficaces y de calidad. Al tiempo se debe garantizar que el uso de estos servicios no expone a los usuarios a dificultades financieras, especialmente a los sectores pobres, vulnerables y marginados de la población. Ya hay suficiente evidencia para oponerse a la privatización como eje de transformación de los sistemas sanitarios, que responde a los intereses de determinados grupos de poder que encuentran en la privatización de la sanidad una fuente de negocio y enriquecimiento, soslayando la equidad y los intereses de la población general.
Desde las Asociaciones de pacientes, discapacitados y observatorio ODUSALUD, se han relatado testimonios elocuentes de la repercusión de las políticas actuales sobre las condiciones de vida de las familias, que han visto muy recortada su capacidad económica, cuando no manifiestamente eliminada, introduciendo importantes elementos de desigualdad y sentimientos de angustia y desesperación.
Aprovechando que se cumple el I aniversario de la promulgación del decreto del gobierno 16/2012 que elimina los derechos de asistencia a los sectores mas desfavorecidos de la población se lee, y la Jornada lo hace suyo, un manifiesto de la Plataforma Valenciana en Defensa i Millora de la Sanitat Pública pidiendo la derogación del decreto, de la ley 15/97 sobre nuevas formas de gestión sanitaria y reclamando buena gobernanza, transparencia y democracia.
Para concluir se reflexionó sobre diversas cuestiones:
El sistema de salud de gestión pública integrada nos da unos buenos resultados de salud, está muy bien valorado por los usuarios y el coste del mismo es adecuado y aceptable. El problema principal de nuestro sistema de salud radica en la excesiva politización de los puestos de gestión. Esta confusión entre el gobierno y la gestión no es adecuada para organizar la sanidad en términos de ética pública o virtud cívica. Como consecuencia principal de está realidad, el sistema se gestiona de manera clientelar en torno a la figura del “gerente político”, lastre para el desarrollo de iniciativas de mejora del sistema. Como solución al problema se plantea mejorar el buen gobierno profesionalizando la gestión y politizando la política.
Las asociaciones y plataformas de defensa de la sanidad pública están desarrollando una importante labor intensificada en los últimos años por los continuos recortes del gobierno. Estas asociaciones representan parte de una realidad social mayoritaria frente a la realidad política minoritaria. La distancia entre las dos realidades ha aumentado radicalmente al aplicar medidas de recorte de manera unilateral a golpe de decreto. La utilización de la mayoría absoluta para gobernar de manera no democrática debilita seriamente las instituciones, entendiendo que un país no puede prosperar si no tiene instituciones públicas que funcionen.
20 de Abril de 2012
ACDESA PV
