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RESOLUCIÓN DEL 11 CONGRESO DE LA FSS CCOO A FAVOR DE LA GESTIÓN DIRECTA DE LA SANIDAD PÚBLICA

CCOO tiene que continuar participando en la transformación de la sociedad e interviniendo en la vida pública para que las decisiones políticas del destino de los presupuestos de los Gobiernos estatales y autonómicos, sean los más sociales posible y lleguen a las capas más desfavorecidas de la Ciudadanía, consiguiendo un reparto más democrático de la riqueza. Dentro de esta estrategia de incidir en la mejora del sistema sanitario público, CCOO ha estado siempre en contra de la mercantilización de la sanidad pública y de la decisión política de la privatización de la sanidad en la Comarca de La Ribera.

El modelo Alzira lo impuso Eduardo Zaplana en 1999 a los ciudadanos y ciudadanas de La Ribera. Fue una privatización pura y dura de la sanidad que se extendió con Francisco Camps a otras comarcas. Ahora mismo hay cinco departamentos de salud con este modelo en Valencia. Un modelo que fracasó al principio. En 2003 el hospital tuvo que ser rescatado por la Generalitat Valenciana porque perdía dinero y era deficitario. Pero después lo volvió a sacar a concurso, se le adjudicó de nuevo a Ribera Salud ampliando la gestión a los centros de atención primaria. El hospital y los centros son de titularidad pública, ya que si es cierto que en 1999 el hospital lo construyó Ribera Salud, éste pasó a manos de la Generalitat Valenciana cuando lo rescató en el 2003.

Desde CCOO consideramos que es importante para el futuro de la Sanidad Pública que el icono del modelo de privatización de la sanidad por concesión administrativa pase el 2018 a la gestión directa de la Consejería, es por lo que como sindicato sociopolítico queremos mostrar nuestro apoyo al Gobierno del Botánico en la decisión tomada.

Desde CCOO hacemos las siguientes consideraciones:

1. LA SALUD ES UN DERECHO NO UN NEGOCIO, que debe estar garantizado por los poderes públicos, mediante un sistema sanitario financiado con los impuestos y capaz de ofrecer una atención sanitaria UNIVERSAL, EQUITATIVA, DE ACCESO GRATUITO Y DE CALIDAD y con las mismas condiciones a toda la población.

2. Que en la Comarca de La Ribera tenemos un sistema de gestión, LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA, impuesto por los gobernantes de la Generalitat Valenciana del PP en el año 1999, sin ninguna consulta a la población de La Ribera, sin diálogo, sin negociación, sin transparencia … y con el único interés, como se demuestra cada día, que el beneficio económico de RIBERA SALUD, a costa de nuestros impuestos.

3. Ha sido evidente la connivencia de intereses económicos y políticos y el trato de favor al sector privado de los políticos del PP en estas empresas: desde la quiebra de la empresa concesionaria y el rescate por la Generalidad con recursos públicos, hasta el desvío de pacientes de otras comarcas al Hospital de la Ribera.

4. Que la cartera de servicios de los centros sanitarios valencianos, la diseña y planifica la Consejería de Sanidad. Las prestaciones y las especialidades que tiene el Hospital de La Ribera están contempladas en el Plan de Ordenación de los Recursos Sanitarios de la Conselleria de Sanidad y el Director General de Asistencia Sanitaria ha garantizado que va a MANTENER LA CARTERA DE SERVICIOS VIGENTE. 

5. Que desde 1999 no se ha realizado, ningún estudio ni investigación desde un organismo imparcial, neutral y ecuánime, que valore la privatización de la Atención Sanitaria para RIBERA SALUD. Hay un informe del Síndico de Cuentas sobre la gestión del Departamento de Manises, que Ribera Salud está utilizando torticerament para su interés particular. Lo que si está claro es que los FONDOS PÚBLICOS que gestiona directamente la Consejería de Sanidad se dedican EXCLUSIVAMENTE a la actividad asistencial y a su mejora y que cuando los gestiona RIBERA SALUD se dedica a REPARTIR BENEFICIOS los ACCIONISTAS.

6. Que se deje de SEMBRAR EL MIEDO Y LA PREOCUPACIÓN entre la población y el personal que trabaja en los centros sanitarios de La Ribera. El día 1 de Abril de 2018 todos los centros sanitarios CONTINUARÁN prestando el mismo servicio sanitario a la población y con el mismo personal.

7. Que parece sorprendente que el PP se preocupe AHORA por el funcionamiento de la privatización de la Sanidad de La Ribera y que cuando gobernaba la Generalitat Valenciana, dejara de realizar el control sobre RIBERA SALUD y la falta de transparencia de la gestión de la sanidad.

8. También sorprende que el PP pida que se tenga en cuenta la opinión de los pacientes, cuando fue el PP el que IMPUSO el modelo de Concesión Administrativa en la Comarca de La Ribera, SIN consulta, sin transparencia..

9. Resulta insólito que el PP pida EXIGIR a la Generalitat Valenciana que explique claramente en qué va a consistir la reversión, cuando es el PP el que nos ha dejado en esta situación de incertidumbre, de falta de transparencia y de inseguridad jurídica.

10. Que las personas que trabajan en La Ribera, si quieren, continuarán trabajando a partir de la reversión al sistema público de la Concesión Sanitaria y que a partir del 1 de Abril de 2018 el SISTEMA DE CONTRATACIÓN ya no será por AFINIDAD POLÍTICA Y / O FAMILIAR, sino por la BOLSA D de TRABAJO de la Consejería de Sanidad. Que CCOO va a defender las condiciones laborales de todos los trabajadores y trabajadoras, laborales y estatutarios.

11. Que hace falta que la Consejería de Sanidad gestione directamente la Sanidad de La Ribera para que, valore directamente la falta de camas hospitalarias, las altas incentivadas, el tiempo de espera quirúrgico y de Consulta reales, la falta de personal y la reducción de las sustituciones, que repercute en la calidad asistencial …

12. Que si que EXIGIMOS a la Conselleria de Sanidad que haga cumplir escrupulosamente el Pliego de Condiciones, que RIBERA SALUD ejecute todas las infraestructuras pendientes y que mantengan las actuales en perfecto estado de funcionamiento. Que se eviten y controlen los repagos LOS SERVICIOS Y LA ESPECULACIÓN SANITARIA, que van en contra de la necesidad de conseguir una Sanidad que queremos que sea Pública, Universal, Gratuita y de Calidad.

13. Que exigimos que con nuestros impuestos se deje de hacer publicidad y propaganda de la empresa privada RIBERA SALUD, en detrimento de la Asistencia Sanitaria, así como se dejen de pedir informes a grandes gabinetes jurídicos, para litigar en contra de la reversión de la Asistencia Sanitaria de la Ribera. También pedimos que deje de utilizar la asociación próxima a la empresa «para confundir a la plantilla del personal y la ciudadanía. Esta asociación tiene como única finalidad defender los intereses de Ribera Salud y los incentivos de sus directivos.

14. Que vamos a continuar trabajando, apoyando y defendiendo las iniciativas de la Plataforma por la Defensa y Mejora de la Sanidad Pública de La Ribera.

15. Conseguir que el departamento de la Ribera que ha sido el «buque» insignia de la privatización de la sanidad por concesión administrativa (Modelo Alzira) durante el gobierno del PP, sea a partir de 2018 el icono del vencimiento del Modelo Alzira en los otros departamentos, será un éxito de muchos, de CCOO los primeros.

En CCOO siempre hemos defendido la GESTIÓN DIRECTA de los servicios públicos y en especial del Sistema Sanitario, por eso ahora que vemos que se acaba el contrato de RIBERA SALUD con la Consejería de Sanidad, vamos a apoyar las actuaciones que realice la Conselleria de Sanidad para revertir y mejorar la Asistencia Sanitaria de la Ribera y conseguir que una empresa privada deje de hacer NEGOCIO y GANAR DINERO CON NUESTRA SALUD.

Presentación del Manifiesto al Palau

Esta mañana, aprovechando el día mundial por la salud, la Plataforma por la Defensa de la Sanitat Pública del País Valencià, ha presentado al President Ximo Puig, la Vicepresidenta Mónica Oltra y la Consellera de Sanitat Carmen Montón, el manifiesto elaborado a favor de la reversión del modelo Alzira de gestión privada de la sanidad pública valenciana, cuyo primer contrato, el del Hospital de Alzira, termina dentro de un año. La Plataforma que se ha constituido de nuevo a instancias de ACDESA-PV (Asociación Ciudadana para la Promoción y Defensa de la Salud del PV) y que está integrada por las Plataformas de la Ribera y la Marina, asociaciones ciudadanas, de usuarios, vecinales, sindicatos y partidos políticos, en total más de 20 organizaciones, ha querido así apoyar la iniciativa del gobierno valenciano de recuperar el departamento de la Ribera para la gestión pública y recogido en el programa del actual gobierno (pacto del Botánico).

Igualmente la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública del PV exige la reversión del resto de concesiones privadas (Denia, Torrevieja, Manises, Elx-Vinalopó) ya que considera que este modelo no responde a las necesidades de los ciudadanos, introduce una visión mercantilista de la salud, aumenta las desigualdades de salud entre la población, no mejora la gestión de los servicios sanitarios y fragmenta el sistema sanitario público.

La Plataforma recién creada, quieren trabajar también por la reversión de los recortes a que ha sido sometido el sistema nacional de salud, sobre todo a raíz del Real-Decreto 16/2012, que limita la atención sanitaria para los colectivos máss desfavorecidos e introduce copagos injustos que no han conseguido rebajar la factura farmacéutica y sí el abandono de la medicación en la población más  enferma y más desfavorecida por causas económicas. Así mismo se plantea el impulso de mejoras en la sanidad pública y en el impulso de políticas en todos los ámbitos que mejoren la salud colectiva e individual de toda la ciudadanía. Nuestro objetivo fundamental son las necesidades de salud y sociales del pueblo valenciano

El acto de hoy es el comienzo de una serie de iniciativas, que tiene como objetivo además de la reversión del modelo mercantilista de gestión privada, conseguir una gran coalición ciudadana en defensa y por la promoción de la salud en el País Valencià.

Desde la Plataforma hacemos un llamamiento a todas las organizaciones, asociaciones e instituciones del País Valencià, que quieran compartir estos objetivos para que se adhieran al manifiesto y a la Plataforma.

MANIFIESTO PLATAFORMA DE DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

La SALUD es el bien más preciado de las personas y la base para una vida autónoma y plena. La salud depende de factores económicos, medioambientales, sociales, personales y del sistema sanitario.

Todas las personas deben tener acceso a la mejora de su salud, sin distinción de edad, sexo, clase social y situación jurídica.

Es obligación de la Administración Pública impulsar la promoción y la protección de la salud y la prevención de la enfermedad, interviniendo con políticas públicas en los determinantes que más influyen sobre la salud colectiva como las desigualdades, la pobreza y la exclusión social; en la promoción de hábitos saludables; en el impulso de entornos laborales saludables que combatan la precariedad y la explotación; en evitar la discriminación sexual al tiempo que se favorece la libre opción sexual de todas las personas.

Además la administración pública ha de proporcionar un sistema de atención sociosanitaria público, de acceso universal, de calidad, financiado públicamente, efectivo y sostenible, que ponga  en primer plano las necesidades de las personas con problemas de salud, que se preste de manera próxima en el entorno.

1.    El modelo ALZIRA de gestión privada, creado e impulsado por los gobiernos del Partido Popular en el país Valenciano a partir de 1999 y que actualmente atiende a al 20 % de la población valenciana, responde a intereses mercantiles y no de la población.

2.    Durante estos años, las empresas concesionarias se han movido en la más absoluta autonomía e impunidad, con el apoyo manifiesto del gobierno del PP, que ha hecho una dejación constante de sus funciones de control.

3.    Hoy las concesiones sanitarias controlan, en carácter de oligopolio además de Alzira, también Denia, Torrevieja, Manises, Elx-Crevillent con capital de inversiones especulativas i financieras que han convertido el derecho a la salud en una mercancía y la sanidad como botín.

4.    El modelo Alzira de concesión privada, no ha mejorado la gestión de los servicios públicos sanitarios, creando en muchos casos desigualdades de atención entre la población valenciana, desplegando servicios innecesarios, restringiendo recursos necesarios, todo ello con el objetivo de aumentar los beneficios económicos de las empresas. Los modelos públicos de prestación sanitaria son de más calidad, más equitativos y más baratos que los modelos de gestión privada.

5.    Las concesiones han desplegado en estos años estructuras opacas al control de la administración como la plataforma logística b2b, con el objetivo de obtener beneficios adicionales, cobrando comisiones a los proveedores de suministros, formación, etc… Además de priorizar pacientes de fuera de los departamentos por delante de la población protegida o contabilizando, como más complejos, servicios prestados a pacientes fuera de su ámbito concesional.

6.    Ante la decisión del gobierno valenciano de dar por acabado el modelo sanitario de gestión privada, las concesiones han desplegado una campaña de manipulación de la opinión pública, difundiendo entre la población el recorte de prestaciones y los despidos masivos entre los trabajadores. Nada de esto es real, su objetivo es atemorizar a la población y los profesionales para que sean ellos los que presionen a favor de los interese particulares de la empresa.

7.    Desde la Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública, apoyamos el proceso de reversión del modelo concesional iniciado con el departamento de la Ribera, por el gobierno valenciano. Pero es nuestro objetivo también la reversión de los recortes en prestaciones y recursos sanitarios, que impuso el PP con el Real Decreto-Ley 16/2012, que nos ha transformado de ciudadanos con derechos en asegurados y que ha supuesto un quebranto para la salud de los sectores más vulnerables de la población: las personas mayores, las clases trabajadoras, los jóvenes y las personas en situación irregular que han venido a nuestro país por necesidad o persecución.

Contitución de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública

Queridos compañeros.
El día 22 de marzo nos reunimos un grupo de asociaciones con el fin de poner en común propuestas para defender la reversión del modelo Alzira. Se acordó constituirse en Plataforma de Defensa de la Sanidad Pública.
Se decidió redactar un manifiesto para presentarlo públicamente el próximo día 7 de abril Día Mundial de la Salud, coincidiendo con movilizaciones en todo el estado. Para ello se creó un comité de redacción que ha elaborado el mismo.
También se discutieron algunas actividades para realizar a lo largo del año, planteando que es una lucha que ha de durar hasta conseguir la reversión.
Aunque en estos momentos se centre el trabajo en el Hospital de La Ribera también se continuará con las demás concesiones administrativas.

Humanizar la salud, humanizar la Sanidad Publica

La mercantilización de la sanidad comporta, a juicio del autor, su deshumanización, por lo que reclama un cambio en los actuales planteamientos, por más que el sistema público esté ofreciendo datos dignos de atención gracias al esfuerzo de los profesionales.

Desde la puesta en vigor de la Ley General de Sanidad en el 1986, el Sistema Nacional de Salud se ha desarrollado en una continua contradicción. Inmerso en un sistema capitalista de libre mercado, el Sistema Nacional de Salud (SNS) estaba orientado a dar respuesta a las necesidades asistenciales de la población. A su vez, el mercado sanitario también ha ido evolucionando desarrollando nuevas oportunidades de negocio con la salud que, a menudo, entraban en conflicto y debilitaban el sistema sanitario público.

«…Cuando una sociedad se lo propone, es capaz de garantizar y concretar el derecho a la protección de la salud…»

El desarrollo del sector privado y aumento de su hegemonía en las cuestiones de salud ha venido acompañado de un desarrollo de políticas y leyes neoliberales plasmadas en el Real Decreto 16/2012 entre otras. Es una realidad palpable que existe una preocupante mercantilización de la salud y sanidad pública, y que grandes empresas sanitarias entienden la salud y el sistema sanitario como una oportunidad de negocio. Reducir la enfermedad a una mercancía supone un grave síntoma de deshumanización social.

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La Ley General de Sanidad 30 años después. Retos de la sanidad pública

Acto conjunto del Instituto Médico Valenciano y la
Asociación Ciudadana para la Defensa y promoción de la Salud del País
Valenciano

Valencia, 22 de noviembre de 2016, 19:00 horas
Sala de Grados de la Facultad de Medicina y Odontología de Valencia
Avda. Blasco Ibáñez 15. Valencia

DEBATE
La Ley General de Sanidad 30 años después.
Retos de la sanidad pública.

Moderadores:
Francisco J Morales Olivas. Presidente del Instituto Médico Valenciano y
Eduardo Zafra Galán. Médico, miembro de ACDESA

Ponentes:
Fernando Lamata Cotanda
Médico. Ex-Secretario General de Sanidad del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Ildefonso Hernández Aguado
Catedrático de Salud Pública. Universidad Miguel Hernández

Cartel

Invitación XXXIV JORNADAS FADSP

Estimados/as compañeros/as y amigos/as:

En el actual contexto económico, político y social,  tanto la sanidad como el derecho a la salud de los ciudadanos  se están viendo amenazados  por los determinantes económicos de las grandes multinacionales de la salud, de la industria farmaceútica y de los acuerdos de libre comercio que  reducen la salud a una mera mercancía. Al tiempo que avanzan las desigualdades  en la salud y la enfermedad, se debilitan las instituciones y el sistema público sanitario, cada vez más privatizado y fragmentado.

Pero no basta con señalar amenazas y debilidades, sino que hemos de transformarlas en retos y fortalezas. Existes numerosas oportunidades para mejorar la sanidad en cuestiones prioritarias, como son el abordaje de la cronicidad y la asistencia sanitarias de las personas excluidas.

Por ello, la Federación de Asociaciones de Defensa de Sanidad Publica tiene el placer de invitarles a las “XXXIV Jornadas de la FADSP”, un encuentro para deliberar y compartir los principales retos  a los que se enfrenta la Sanidad Pública.

 

“XXXIV Jornadas de la FADSP”  “III Jornades Salut d’ ACDESA-PV.

 Salud: ¿derecho o privilegio?

 Lugar: Planetario del Grao de Castellón

Paseo Marítimo. 1. Grao de Castellón

18 y 19 de noviembre de 2016

 Organiza:

ACDESA: Asociación Ciudadana en defensa de la Sanidad Pública. (Asociación declarada de interés sanitario)

FADSP: Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública. (Asociación declarada de interés sanitario).

 Inscripción a las Jornadas

  

PROGRAMA XXXIV JORNADAS

En la antesala del negocio sanitario que viene

Hace apenas un mes trascendió en la prensa económica el acuerdo firmado entre el Banc Sabadell y Centene Corporation, ambos copropietarios al 50% de la principal concesionaria de hospitales en España, Ribera Salud, S.A., con una facturación de 500 millones de euros en 2015, para que el 100% de las acciones pasen a manos íntegramente americanas antes de 2019, en virtud de una opción de compra a favor de Centene antes de final de 2016 y otra de venta por parte del Sabadell, antes de 2019, de su participación heredada de la antigua CAM.

Centene Corporation había adquirido a Bankia a mediados de 2014 su participación en Ribera Salud, dentro del proceso de desinversión de activos y saneamiento de balance impuesto por Bruselas a la entidad financiera, tras las ayudas públicas recibidas de más de 20.000 millones de euros.

Tras la entrada de Centene, Ribera Salud se hizo con el 100% de los departamentos de Alzira, Torrevieja y Elx tras comprar a Asisa y Adeslas sus respectivos paquetes accionariales. Asimismo mantiene una participación del 35% en Marina Salud, la concesionaria del área de Dénia, perteneciendo el 65% restante a la aseguradora alemana DKV.

Centene forma parte también de la sociedad Erescanner Salud que gestiona el servicio de resonancias magnéticas adjudicado por la Conselleria de Sanitat en 2008.

También está presente en la Comunidad de Madrid en la sociedad BR Salud, gestora del servicio del Laboratorio Central de San Sebastián de los Reyes que da cobertura a seis hospitales públicos. Además, ha participado en la planificación, construcción, puesta en marcha y consolidación de los hospitales de Manises y de Torrejón de Ardoz. Fuera de nuestro país  posee también dos hospitales en Perú.

Ribera Salud y por tanto Centene, opta actualmente a la adquisición de un nuevo centro en Europa, el Hospital Universitario de Bratislava (Eslovaquia), un centro público de gestión privada que contará con 945 camas (similar a La Fe), con una inversión inicial de unos 250 millones de euros y una concesión de 30 años, y cuya adjudicación está prevista para el próximo mes de marzo.

Centene Corporation es una compañía estadounidense fundada como un único plan de salud en Wisconsin en 1984, siendo hoy en día líder en USA en servicios de salud, especialmente a raíz de la reforma sanitaria emprendida por Obama. En 2015 sus ingresos consolidados fueron de casi 23.000 millones de dólares (un 37% más que en 2014).

Su accionariado está compuesto fundamentalmente por varios fondos de inversión como BlackRock,  bancos como el Bank of America,  fondos de pensiones y compañías de seguros y en su Consejo de Administración figuran personalidades relevantes ligadas a Microsoft, Arthur Andersen y al Partido Republicano.

Simultáneamente al desembarco de Centene en Ribera Salud, en junio de 2014 el grupo IDC Salud, controlado por el mayor fondo de capital riesgo europeo CVC Capital Partners tras su compra al anterior propietario (el grupo sueco Capio), se fusionó con el Grupo Quirón, tras comprar CVC el 61% de su capital al fondo Doughty Hanson por unos mil millones de euros, dando lugar a IDC Quirón, el mayor grupo sanitario privado de España y el tercero a nivel europeo, tanto en número de centros como de plantilla (40 hospitales en 12 CCAA, 5.000 camas, 24.000 empleados, 1.500 millones de facturación anual y una cuota del 25% en el mercado nacional hospitalario privado). Tras su fusión, desarrolló una política de adquisiciones de otras compañías sanitarias (Ruber entre ellas), convirtiéndose en prácticamente un monopolio en Guipuzkoa, con una cuota de mercado próxima al 60%; en Barcelona donde controla cerca del 50% y en Madrid, con una cuota próxima al 40% de la asistencia sanitaria privada. Hace escasamente un año se habló de que el fondo CVC planeaba sacar a bolsa el grupo IDC Quirón, con una valoración de 5.000 millones de euros.

Algo se mueve en el sector privado en nuestro país, con una presencia masiva de capital financiero internacional y un grado de concentración muy elevado en apenas dos años, donde las grandes corporaciones están tomando posiciones estratégicas como jugadores destacados ante el  proceso de liberalización que se avecina por el esperado desarrollo y aprobación de los acuerdos transnacionales (TTIP-TISA) que actualmente se están negociando, más uno ya suscrito (CETA), en los que la UE está plenamente implicada y que, en esencia, pretenden una liberalización de servicios mucho más amplia que la ya conseguida en la Directiva de Servicios, limitando la capacidad reguladora de los Estados a nivel nacional, regional o local en lo referido a materias como patentes para fabricación de medicamentos, leyes de contratos públicos, inversiones extranjeras, regulación de servicios públicos,… todo ello desde arriba hacia abajo, dotándoles de una naturaleza supraconstitucional, lo que impediría a los Estados recuperar los servicios esenciales desregularizados en virtud de estos tratados; servicios públicos que se fundamentan originalmente en el reconocimiento como un derecho que tienen los ciudadanos a la prestación del servicio (sanidad, educación, dependencia, seguridad,..) y no como consecuencia de su capacidad de compra en el mercado.

Mediante el denominado mecanismo de solución de controversias ((ISDS), un sistema de arbitraje privado recogido en la mayoría de los tratados de libre comercio, las grandes corporaciones  pueden demandar a los Estados por entender vulnerados sus derechos cuando consideran que legislan perjudicando sus intereses, lo que de facto supone, por el coste millonario que entraña este mecanismo, una severa restricción o cuasi prohibición de rescatar servicios públicos, ya que impediría que las administraciones crearan o restablecieran la gestión directa o exclusiva de los mismos o entraran en competencia con las corporaciones con prestaciones de servicios similares.

Otro de los aspectos a destacar que se contempla en la negociación de estos tratados internacionales, concretamente en el TISA, es la posibilidad de que los sistemas nacionales de salud o las compañías aseguradoras de origen sufraguen los tratamientos de sus pacientes en otros países más competitivos por sus precios y menores exigencias legales, lo que sería dar carta de naturaleza al turismo sanitario, que favorecería enormes posibilidades de expansión y negocio para determinados grupos privados bien consolidados que operan actualmente en el sector sanitario, además de facilitarles el control de aspectos tan importantes y de interés para las grandes corporaciones como son la investigación sanitaria, los datos genéticos y de salud de la población atendida.

En la Comunidad Valenciana con la iniciativa de cuenta atrás del modelo Alzira, que es uno de los ejes políticos más importantes del nuevo gobierno valenciano, tal parece que ha comenzado por parte de las Concesiones un posicionamiento estratégico, para poder negociar con más fuerza con la administración sanitaria valenciana ante la finalización de los contratos. Otra manifestación clara de la línea emprendida por las concesiones es la reclamación que están preparando conjuntamente para exigir entre 60 y 100 millones de €,  como actualización de la cápita, que en sucesivos años no se hizo efectiva por el ocultamiento del gasto sanitario, que los gobiernos de Camps llevaron a cabo entre 2008 y 2011 y por los que la Unión Europea ha impuesto al Reino de España una multa de 18,5 millones de €, que el ministerio de Montoro quiere hacer pagar a la actual Generalitat. Esta reclamación se basa en las cláusulas de los contratos que desde el pasado 8 de febrero son públicos en el nuevo portal de transparencia de la Generalitat Valenciana http://www.gvaoberta.gva.es/va/

Desde ACDESA-PV,  nos felicitamos por esta iniciativa de transparencia, que animamos a incrementar, así como a dar los pasos necesarios para evitar que intereses de las grandes corporaciones condicionen las políticas públicas de salud en la Comunidad Valenciana y conseguir la reversión del modelo concesional, sin coste adicional para las arcas públicas.

Notas: La información contenida en este artículo ha sido obtenida de la publicada por diferentes organizaciones y medios de comunicación, en particular: El Economista, Expansión, Levante-emv, Las Provincias, eldiario.es, valenciaplaza.com, iniciativadebate.org, lamarinaplaza.com, mareablanca.cat, trade.ec.europa.eu, finance.yahoo.com, centene.com, fsc.ccoo.es
TTIP: Acuerdo Trasatlántico para el Comercio y la Inversión
TISA: Acuerdo sobre el Comercio Internacional de Servicios
CETA: Acuerdo Económico y Comercial Global (entre Canadá y la UE)

 

Impacte del TTIP: drets laborals, ciutadans i salut

Impacte del TTIP: drets laborals, ciutadans i salut

(Debat sobre el Tractat Transatlàntic pel Comerç i la Inversió entre els Estats Units i la Unió Europea.TTIP)

 

Dia: dimecres, 3 de febrer

Lloc: Col·legi Major Rector Peset. Plaça del Forn de San Nicolau, 4. València

18,30 hores

 

Organitza ACDESA-PV.

Col·labora Col·legi Major Rector Peset. Universitat de Valencia

 

Modera

En Ramon Romero. Acdesa PV

 

Intervenen

Na Adoración Guamán. Professora titular Dret del Treball. Universitat de Valencia

En Carlos Álvarez –Dardet. Catedràtic de Salut Pública. Universitat d’Alacant

En Andrés Perelló Membre del Grup parlamentari Europeu  Alianza progressista de socialistes i demòcrates (2009 / 2014)

 

Cartel