Los trabajadores del Hospital General de Valencia reunidos en asamblea en el Salón de Actos, con la asistencia de unos 300 trabajadores/as acordamos ayer, un encierro de 48 horas. Permanecerán encerrados los delegados del Comité de Empresa y trabajadores de todos los servicios y turnos del Consorcio.
«Es importante vuestro apoyo, ya que defendiendo la Sanidad Pública estamos defendiendo un derecho constitucional de la ciudadanía y el empleo público. Os remitimos el comunicado y pedimos su difusión»
Si había alguna duda sobre la intención privatizadora de la sanidad en el gobierno valenciano, el nombramiento de Manuel Llombart, hasta ahora director general del IVO, es la respuesta contundente y afirmativa de Fabra y toda una declaración de intenciones de cuál es el futuro de la sanidad valenciana.
El ex conseller Rosado se ha pasado año y medio denostando la gestión pública en beneficio de la gestión privada y Fabra lo ha visto claro: “para privatizar qué mejor que un gestor de la privada y si es de una empresa que conocemos bien desde hace 25 años, qué mejor opción alguien que sabe de gestión privada y que es del sector, al que por cierto se le deben algunos millones de € y que provocó una denuncia hace unos meses contrala Generalitatpor impago de la deuda.
El IVO que tiene un concierto con la sanidad pública hace más de 25 años y sobre el que sus detractores bien informados, que los hay y muchos en el sistema público, opinan que durante todos estos años se ha financiado aumentando la actividad y por consiguiente la factura, a base de indicaciones poco adecuadas y redundantes y una fiera competencia por atraer pacientes del resto de la pública. No resultando en ningún momento costo-eficiente parala Conselleria.
De nuevo la puerta rotatoria público-privada que ya se ha denunciado. Alguien con intereses en la sanidad privada, da el salto a la pública para reorientar sus presupuestos. Es un nombramiento legal, pero no alumbra valores éticos alguno. No debería ser legal esta pasarela entre lo público y lo privado que solo hace que mezclar los intereses de unos y otros, pero nunca poner en primer lugar los de los de los pacientes y la ciudadanía.
Y del conseller Rosado, como dijo un compañero de partido, no tiene ni el carácter, ni el peso necesario dentro del partido para seguir. Así que menudo papelón, se ha mostrado decidido en el discurso a favor de la gestión privada, pero luego cuando le presionaron para que incluyera al personal sanitario en el concurso se negó. Demasiados escrúpulos, cuando ya has vendido la primogenitura.
Desde ACDESA, vamos a estar atentos a la política de Manuel Llombart enla Conselleria, exigiendo transparencia, ejerciendo la crítica y la acción, pero también dispuestos al dialogo para hablar de cómo mejorar la sanidad púbica.
¿Cómo va actuar ante la petición de Sanitas Manises de aumentar la población, la cápita y regular los procedimientos y la cartera de servicio?
¿Acabará incluyendo el personal sanitario (en alguna fórmula) en la futura reprivatización de la gestión?
¿El contrato con el IVO, será mantenido, ampliado, mejorado…será transparente?
¿Extenderá el modelo Alzira al resto dela Comunidad?
¿Aumentará el copago o por el contrario, conseguirá que hacienda pague a pensionistas y proveedores?
Conoceremos las respuestas los próximos meses
ACDESA PV
Desde ACDESA saludamos la reciente marea blanca realizada en Madrid contra el proceso de privatización de la sanidad madrileña y los encierros que comenzaron en el hospital de la Princesa y que se han ido extendiendo paulatinamente a mas de una veintena de centros hospitalarios y suponen una respuesta profesional y ciudadana contra el desmantelamiento de la sanidad pública llevado a cabo por el gobierno madrileño del PP. Así mismo apoyamos la huelga de los profesionales sanitarios convocada por los mismos motivos para los días 26 y 27 de noviembre.
Esta lucha por la sanidad pública esta extendiéndose a otras ciudades y comunidades autónomas. En el País Valenciano, tenemos suficientes razones para desplegar iniciativas de este tipo ante la inminente reprivatización de la gestión que pretende llevar a cabo la Conselleriade Sanidad en enero próximo, que no va a aportar ninguna eficiencia a la sanidad pública y sin embargo va a fragmentar y poner en manos de la iniciativa privada la gestión primero de la logística sanitaria y la más que probable extensión posterior de la gestión privada a toda la asistencia sanitaria.
ACDESA PV
La Generalitat Valenciana, ante la imposibilidad de desplegar el modelo de gestión privada a todos los departamentos de salud, que había sido cuestionado jurídicamente tanto por la abogacía e intervención de la Generalitat, como por su poco atractivo interés económico por parte de los posibles operadores, ha optado por una versión “light” que consiste en la renegociación de los ya externalizado; centralización de otras prestaciones como transporte y almacenamiento con un proveedor por provincia y al que tendrán que acoplarse las empresas actualmente adjudicatarias de esas provisiones y la oferta de contratos (hasta siete) a consultoras que analicen los nichos de ahorro en la actividad asistencial y que asesoren a los gestores sanitarios para su implementación, así como que propongan la incentivación de los profesionales que participen en esos ahorros.
Un galimatías en el que se ha convertido la gestión de la Conselleria de Sanidad, cuya función ha pasado de velar por la salud de la población valenciana con criterios de calidad y efectividad, a ser el agente que busca ahorros económicos, sin una estrategia clara y a incrementar la recaudación de la Generalitat a consta de ir parcelando y vendiendo la sanidad pública, haciendo dejación constante de sus responsabilidades como gestor. Desde ACDESA no entendemos la necesidad de contratar consultoras para que indiquen a los gestores cuales serian las líneas de la actividad asistencial en las que habría ahorros eficientes. La Conselleria de Sanidad ya conoce porque tiene la información y los profesionales adecuados para haber puesto en marcha estas iniciativas, sin menoscabo de la salud de los ciudadanos y sin necesidad de recurrir a elementos externos.
Disminuir la variabilidad asistencial en los procesos diagnósticos y terapéuticos, aumentando los resultados en salud es la línea más asumida por los expertos nacionales e internacionales para hacer más eficientes, de mayor calidad y más accesible a todos los ciudadanos los sistemas sanitarios.
Una vez más las autoridades valencianas, con esta medida, reconocen su incapacidad para gestionar adecuadamente el derecho a la salud de la población valenciana.
Desde ACDESA hacemos un llamamiento a la población y a los profesionales a manifestar su rechazo ante tan continuada muestra de irresponsabilidad y deplorable gestión que ha llevado a la sanidad valenciana a los últimos lugares de la sanidad en nuestro país
ACDESA PV. (FADSP)
Valencia 30 de septiembre de 2012
Ante las noticias aparecidas en los medios de comunicación en los que se anuncia la privatización de la gestión de los hospitales de Gandía y Llíria y la privatización de la gestión de la actividad externalizada a lo que se añadiría la gestión del personal administrativo y celadores del resto de hospitales públicos. ACDESA quiere manifestar:
1. La Generalitat Valenciana debido a la necesidad de incrementar sus ingresos está dispuesta a hipotecar el sistema sanitario público, ya gravemente dañado y fragmentado con el despliegue del modelo Alzira.
2. Este modelo de provisión sanitaria, enormemente opaco en sus cuentas, no ha demostrado, pese a la propaganda oficial, una mayor eficiencia que el modelo público. Sin embargo cada vez son más evidentes los apuros de los hospitales de Manises y Denia para prestar una atención de calidad a los ciudadanos de sus departamentos a la vez que debido al retraso en el pago de la Consellería, sus profesionales están teniendo verdaderos problemas para cobrar su nomina de manera regular.
3. Los hospitales de este modelo, para compensar su falta de rendimiento tienden a poner en marcha servicios y prestaciones propios de hospitales terciarios que incrementan el consumo de recursos innecesarios y por tanto el gasto sanitario.
4. La puesta en marcha de los hospitales de Gandía y Llíria, contradice las recomendaciones de los expertos de no aumentar la oferta hospitalaria si esta ya es suficiente.
5. Con respecto a la inclusión del personal administrativo y celador en la externalización de la gestión, desde nuestro punto de vista su inclusión ha sido necesaria para hacer más atractiva a la empresa privada la oferta, aunque como ya anunciamos en su momento no pensamos que el operador privado se conforme con esto, es mas pensamos que este es el comienzo de una exigencia de asumir el control de todo el personal. No obstante ACDESA opina que esta fragmentación supondrá una distorsión en la actividad sanitaria y una enorme incertidumbre en los trabajadores sanitarios, sin añadir ningún valor a la salud de los ciudadanos valencianos.
6. Desde ACDESA exigimos una rectificación de de estas medidas y modelos que ya en otros países y en distintas CC.AA han demostrado su ineficacia y a la larga un incremento del gasto sanitario que han acabado pagando los ciudadanos. Y la apertura de un debate público político y social que clarifique las posiciones de la Generalitat y tenga en cuenta la opinión de los ciudadanos.
7. Es hora de que la Generalitat y la Consellería de Sanitat asuman sus responsabilidad y empiecen a gestionar la sanidad pública desde criterios de evidencia científica y bien público y no para enjugar su déficit, favorecer a las empresas amigas o cambiar el modelo sanitario.
Ha muerto Adolfo Benages. Médico. Incansable luchador a favor de la sanidad pública. Desde ACDESA-PV queremos rendir un sentido homenaje a su trayectoria profesional y humana. La defensa de la sanidad pública ha sido, en su vida, un instrumento de lucha por la justicia social, contra las desigualdades y en pro de los mas desfavorecidos. Su coherencia y sus valores nos animan a seguir persiguiendo nuestro objetivo de una sanidad universal, de calidad y pública. Hasta siempre compañero.
Rechazo al Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril.
La Plataforma para la Defensa y Mejora de la Sanidad Pública Valenciana en la que se integran asociaciones de usuarios, asociaciones profesionales, sindicatos, grupos políticos, vecinos, etc.
DECLARAN:
El govern, amb el RDL 16/2012, ha fet desaparèixer l’atenció universal i gratuïta.
Amb aquest RDL el govern impedeix o dificulta l’atenció primària a molts grups de persones. És un atac a la part de la població més vulnerable, és un atac a l’ètica de qualsevol professional de la salut.
Aquest impediment a l’atenció -més o menys ampli segú qui parla- és només la punta de l’iceberg d’una destrucció planificada i privatització del sistema sanitari públic iniciat abans de la crisi amb el decret 15/97. És només la punta de l’iceberg. El fonamental és trencar una atenció universal i gratuïta financiada pels impostos. El seu objectiu fonamental és impedir l’accès a l’atenció sanitària i donar el servei de salut a les empreses d’asegurances privades.
Privatitzacions, copagaments, exclusions de l’atenció i retallades de personal i de prestacions és el ventall de mesures destinades a avançar la mort dels més vulnerables i rescatar els rics de la banca. Pagar un deute privat que els governs han fet públic significa fer privat aquells
serveis de salut que han de ser públics per a poder cobrir les necessitats de la gent.
Pagar un deute il·legítim ens enfonsa en l’atur i en la pèrdua d’unes condicions dignes de treball, d’estudi i de vida, factors tots que influeixen sobre la pèrdua de la salut i l’augment de la mortalitat.
Des de la Plataforma volem dir que hem d’anar endavant contra aquest govern, contra el robatori d’allò que és de tothom, del 99%, per a donar-s’ho als més rics, a l’1%. No a les exclusions de l’atenció, no les retallades, no al pagament d’un deute il·legítim. Calen més inversions en la sanitat, cal contractar més profesionals i no tancar centres. Cal una sanitat 100% pública. Cal desobeïr les normes injustes.
¿CUANTO VALE UNA VIDA?
No es una pregunta retórica, y aunque nosotros no tenemos la respuesta, al parecer los directivos de Marina Salud S.A. si la tienen. Al menos eso se desprende de su anuncio de que los servicios de urgencia nocturnos de siete pueblos de la Marina Alta no son ‘rentables’ y por lo tanto van a desaparecer. La rentabilidad significa un beneficio económico, y los servicios de urgencia de proximidad significan salvar vidas. Es una difícil ecuación en la que las matemáticas no tienen, no deberían tener, la última palabra. A ninguno de nosotros nos gustaría formar parte de esas cuentas diabólicas en las que nuestras vidas o las de algún familiar cercano o amigo son tasadas como algo digno de ser salvado, o no, según su rentabilidad económica.
Los profesionales sanitarios de los Centros de Salud de Ondara, Vergel, Gata y Pedreguer, esos mismos centros de salud que Marina Salud S.A. quiere cerrar por las noches, llevan veinte años formándose y actualizándose en Reanimación Cardiopulmonar Básica y Avanzada, esa técnica que sirve para que una persona con un infarto de miocardio salve su vida antes de llegar a un hospital, o en atender un cólico nefrítico, esos que dicen que duelen tanto como un mal parto, o en resolver un accidente laboral, doméstico o deportivo con inmediatez. No nos cabe duda de que muchas urgencias atendidas en los centros de salud son banales y revisten poca gravedad, pero solo con que resuelvan una urgencia vital están más que justificados.
No nos ponemos melodramáticos, solo hacemos memoria, cuando recordamos que hace apenas 3 años fue necesario que una niña estuviera a punto de morir en Jávea para que aumentaran el personal de guardia de ese centro de salud de un médico y una enfermera a dos médicos y dos enfermeras. El mismo personal que Marina Salud S.A. volvió a reducir a principios de este año, porque al parecer la memoria es floja y los números son obstinados.
Ahora van más lejos y quieren dejar a siete pueblos de la comarca, los cuatro ya mencionados más Els Poblets, Beniarbeig y Benidoleig sin ningún tipo de atención sanitaria nocturna. Volvemos a hacer memoria para recordar que antes de que se construyeran los centros de salud, allá por los años 80, todos y cada uno de los pueblos tenía su personal de guardia, el cual atendía a la población con su buen hacer y sus escasos medios. Los centros de salud fueron un gran avance, tanto en medios humanos como materiales. Cuando se diseñó la atención primaria de salud ya se sabía que ofertar la atención sanitaria durante las 24 horas de cada día suponía un esfuerzo económico por parte de toda la población, pero al mismo tiempo un paso de gigante en la calidad
de la atención a la salud de las personas.
Después de tantos años parece que ahora los ciudadanos de la Marina Alta tenemos menos categoría ya que no tenemos derecho ni siquiera a tener personal de guardia en nuestras poblaciones, es decir, que de pronto vamos a retroceder 40 ó 50 años en cuanto a atención sanitaria.
Se nos ha comunicado que tendremos que acudir al Hospital de Denia y nosotros nos preguntamos, si actualmente hay que esperar de cuatro a seis horas para ser atendido ¿Cuánto tendremos que esperar cuando estos siete pueblos se queden sin urgencias? Si ahora se colapsa con frecuencia ¿no estará permanentemente colapsado? Para su información tenemos que decirles que la actual plantilla del servicio de urgencias del Hospital de Denia es limitadísima para una población de 120.000 habitantes en invierno y más del doble en verano, de ahí su escasa eficacia al resolver urgencias. Juzguen ustedes mismos si eso es razonable. No les preguntamos si es rentable porque a buen seguro que lo es.
Desde esta plataforma para la defensa de la sanidad pública de la Marina Alta queremos decirle a la población que no se quede parada, que se movilice, que hable con sus representantes políticos y que haga todo lo posible para no perder su dignidad como personas ni su derecho a una atención sanitaria mínimamente razonable. Esta medida tan perjudicial para los ciudadanos no es la primera, ni será la última, ya que el ansia de beneficios de una sociedad anónima no conoce límites. Queremos decirles que tendrán que empezar a acostumbrarse a luchar por aquello que es suyo por derecho, porque el único objetivo de una sociedad anónima es repartir dividendos entre los accionistas y no, desde luego, trabajar para conseguir una sociedad más justa.
Queremos decirle a los directivos de Marina Salud S.A. que reconsideren su postura, que sean razonables, y si realmente son tan buenos gestores como ellos dicen que busquen otras formas de mejorar la rentabilidad de su empresa con medidas que no afecten ni a la calidad ni a la cantidad de la atención sanitaria de nuestra comarca.
Por último queremos decirle al señor Conseller de Sanitat que prohíba terminantemente esta medida y otras similares que puedan intentar en el futuro. Como máximo representante de la sanidad valenciana debería ser consciente de lo que aquí nos jugamos todos.
Señor Conseller, la sanidad pública no se inventó para darle a ganar dinero a sociedades anónimas, sino para conseguir, con el esfuerzo de todos, tanto los profesionales sanitarios como los ciudadanos que la sufragan con sus impuestos, una sociedad más justa donde todo el mundo tenga derecho a la salud independientemente de sus ingresos. Al igual que las pensiones de los jubilados, no necesitan ser rentables para ser justas.
Antiguamente cada vida tenía un precio, aquel que cada uno podía pagarse por la atención médica, pero eso, afortunadamente pasó a la historia. Ustedes parecen empeñados en hacernos retroceder 50 años pero no vamos a consentirlo porque hoy en día, señor Conseller, una vida no tiene precio.
El pasado día 15 de junio informaba la prensa que la Generalitat valenciana pretende ceder a una empresa privada el control de los medicamentos y prótesis que recetan sus propios médicos. Según ese proyecto, a partir de enero de 2013 las empresas se encargarían del control para mejorar la gestión de la prescripción farmacéutica ambulatoria y exprótesis recetadas en los centros de atención primaria y hospitalaria. Ese control consistiría en el seguimiento de la prescripción por médico y patología, en la elaboración de protocolos de uso de los medicamentos con mayor gasto, en la formación de los médicos, en el estímulo a la prescripción de genéricos, en la gestión directa de la farmacia hospitalaria y en la incentivación de los médicos que se ajusten a las pautas recomendadas.
La iniciativa tendría por objeto recortar el gasto por recetas y formaría parte de un conjunto de medidas más amplias destinadas a desarrollar la gestión compartida público-privada. Así, la gestora privada también controlaría los servicios de radioterapia, medicina nuclear, neurofisiología, diálisis peritoneal, radiocirugía y neurorehabilitación. Según los cálculos de la Generalitat, si se traspasa a la gestión privada de un único operador el conjunto de actuaciones que ya están externalizadas, se podrían ahorrar un 15 % del presupuesto en gasto no sanitario y un 10 % en gasto sanitario.
Las empresas adjudicatarias con un canon de 360 millones de euros el primer año, cobrarán de la Generalitat valenciana 190 €/habitante/año, podrán obtener ganancias de la explotación comercial de las actividades hosteleras, como los menús o las televisiones y su contrato durará entre 15 y 20 años.
Se trata de una noticia preocupante porque supone privatizar la vigilancia de la prescripción médica, que es tanto como decir cerca del 30 % del gasto sanitario, ya que, entre 1999-2005, el gasto farmacéutico público mediante receta representó el 23 % del gasto sanitario público, y el 5,2 % el gasto en farmacia hospitalaria.
El fin no justifica los medios
Una medida de ese calado tiene múltiples connotaciones cuya aplicación la hacen altamente conflictiva. Por un lado, como hemos dicho, supone privatizar la gestión de la parte más sensible del gasto sanitario; por otro lado, supone una intromisión de una entidad ajena al servicio público en la práctica médica. Esto último, se esté o no de acuerdo con la corporativista libertad de prescripción; se esté o no de acuerdo con que la actuación médica también se debe a la justicia social, tanto como a la búsqueda del bien del paciente individual, es una injerencia que no se aceptará de buen grado desde el colectivo médico.
Estas actuaciones demuestran la incapacidad de la administración sanitaria para poner en marcha medidas de control del presupuesto farmacéutico
que tengan que ver con la oferta, como su política de autorización de nuevas moléculas de eficacia dudosa, o que no aportan beneficios clínicamente relevantes al arsenal terapéutico disponible; o su política de incorporación a la financiación pública de esas mismas moléculas; o la ausencia de una política formativa e informativa de calidad, agresiva e independiente dirigida a los médicos; o su falta de control sobre la información que proporciona la industria y su influencia a través de la formación, congresos, etc…; o la ausencia de una agencia de evaluación similar al NICE, etc… Por el contrario, las medidas se dirigen a controlar la prescripción de los médicos de un petitorio farmacéutico que no deja de crecer con medicamentos cada vez más caros. A este respecto, cabe recordar, que el precio medio de los medicamentos sujetos a patentes (nuevos) autorizados en España tienen un precio similar a los de los países europeos de precios más elevados, y que en España, esos medicamentos representan el 60 % de las prescripciones y el 90 % del gasto mediante receta.
Otra medida dirigida a controlar el gasto farmacéutico es la introducción de copagos, cuando no son los pacientes quienes eligen los medicamentos que sus médicos les recetan, y cuando se ha demostrado que el copago ni reduce la demanda ni tiene apenas capacidad recaudatoria.
Por otro lado, no es aceptable poner a controlar el gasto farmacéutico a empresas que probablemente estén altamente intervenidas por los mismos laboratorios farmacéuticos. Todos sabemos las influencias mutuas entre sector farmacéutico, financiero, de los seguros sanitarios, etc…; así como los intereses intercambiables entre ellos, como intercambiables suelen resultar sus altos ejecutivos y los altos ejecutivos del gobierno español (puertas giratorias).
El fin no justifica los medios. Controlar el gasto farmacéutico, hacer más eficiente la utilización del presupuesto público es un principio de justicia social. Las medidas encaminadas a conseguirlo las podría poner en marcha la propia administración, pero sufrimos desde hace años una política pública de salud cobarde, que no se atreve a tomas medidas de eficiencia social, que no es capaz de ejercer ningún liderazgo profesional ni ciudadano; que no es capaz de alinear con los interese públicos los intereses de los profesionales de la salud más entregados, los que se dedican en exclusiva a la sanidad pública.
Por lo que se ve, a la administración le resulta más fácil hacer dejación de sus funciones, “quitarse el problema del gasto farmacéutico” externalizando su control a la empresa privada. De esta forma se escala un peldaño más, quizá el más alto, de la escalera a la privatización completa del sistema sanitario y se satisface la avidez de los mercados y las solicitudes de los omnipresentes Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, que desde los años 80 del siglo pasado insisten en trasladar a los usuarios los gastos en la utilización de las prestaciones, ofrecer esquemas de aseguramiento para los principales riesgos, incrementar la utilización de recursos privados y descentralizar los servicios sanitarios públicos. Y así nos va.
ACDESA-FADSP
18 de junio de 2012
