Comunicados València

Entendemos que la situación de estado de alarma por la pandemia de coronavirus y su específico impacto en la Comunidad Valenciana sobrepasa todos los escenarios esperados. La magnitud del reto es tan enorme, la progresión de la epidemia tan veloz, que difícilmente se pueden anticipar medidas o que estas no queden obsoletas en el corto plazo. Pero en cualquier caso lo que es exigible a las autoridades sanitarias de un país en estas circunstancias es la transparencia y la buena comunicación a la población y el rigor científico en las argumentaciones de los responsables políticos.

Por ello nos parecen extraordinariamente desafortunadas las declaraciones de la Consellera Ana Barceló a las preguntas de los periodistas sobre los profesionales infectados por el coronavirus y las medidas que se han de tomar, contestando que hay mucha casuística y que el origen de estos contagios pueden ser los viajes (caso del foco infeccioso del Hospital General de Alicante de hace más de una semana) o los contactos con familiares enfermos, sin reconocer que el motivo fundamental del número cada vez mayor de profesionales infectados lo es por la falta de medios adecuados (mascarillas, equipos de protección individual) en los contactos con pacientes en muchos casos asintomáticos, no diagnosticados por la falta de test rápidos.

Igualmente nos parece que las declaraciones de que ya no hay ningún departamento que necesite material, no se atienen en absoluto a la realidad y aunque ha mejorado algo la situación en las últimas 24 horas queda todavía muchas carencias por cubrir, por no hablar de la situación de las residencias de personas mayores.

Por todo ello exigimos una rectificación inmediata y una disculpa pública de la Consellera Barceló y que clarifique con todo tipo de detalles la verdadera situación del País Valencià con respecto a la epidemia del COV 19, y que se tomen inmediatamente las medidas oportunas para garantizar la protección de los profesionales y de los grupos más vulnerables, que debe ser una prioridad absoluta, porque en buena medida de ello depende la salud individual y colectiva del pueblo valenciano.

Declaramos:

1. Nuestro apoyo y adhesión a todas las Sociedades Científicas , que se están manifestando en contra de estas declaraciones.
2. La salud y la enfermedad no es solo una cuestión científica, sino también social y POLÍTICA.
3. El negacionismo, en este caso político, ante las evidencias de gran número de estudios epidemiológicos -citamos el estudio “Ambient Particulate Air Pollution and Daily Mortality in 652 Cities” publicado en The New England Journal of Medicine el 22/08/2019, en el que ha participado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)- donde queda reflejado el daño que produce sobre la salud de la ciudadanía la contaminación atmosférica. Estas declaraciones, ante la evidencia científica, son de una irresponsabilidad inadmisible, ya que afectan negativamente a las políticas de salud.
4. ACDESA seguirá apoyando todas las iniciativas científicas, sociales y políticas que vayan en la mejora del medio ambiente y entre ellas la contaminación  del aire, para favorecer y proteger la salud de la población.

El passat 1 de febrer, el Consell va decidir declarar la «emergència sanitària» en el Departament de Salut de Vinaròs basada en la manca d’especialistes en radiología necessaris per cobrir les guàrdies mèdiques de presència física. I com a solució a aquesta desproporcionada mesura, va adjudicar un contracte a una empresa vinculada al grup ERESA per valor de 140.000 €.
Des ACDESA-CS volem fer pública la informació rellevant a la qual hem tingut accés, ja que amb els recursos propis de la sanitat pública valenciana es comptava amb la solució que hagués fet innecessària aquesta declaració d’«emergència sanitària» en el departament de Vinaròs. En concret, es comptava amb la participació de radiòlegs/es voluntaris/es pertanyents a l’Hospital General Universitari de Castelló i l’Hospital Universitari de la Plana que s’haguessin desplaçat a l’Hospital de Vinaròs per realizar el programa d’autoconcert per pal·liar la llista d’espera, i les guàrdies pendents de cobrir pel mateix personal del Servei de Radiologia de l’Hospital de Vinaròs .
Amb aquesta proposta, tal «emergència sanitària» deixava de tenir sentit, i l’assistència sanitària hagués estat coberta amb personal propi de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública d’una manera més eficient, evitant així l’elevat cost que suposa l’externalització del servei i l’entrada de l’empresa privada en una institució sanitària.
Des ACDESA-CS volem advertir d’una tendència reprivatitzadora que venim observant, que poc o gens té a veure amb les propostes estrella del Botànic en matèria de sanitat empreses en l’inici de la present legislatura, des del nomenament de l’actual consellera, Ana Barceló -de la qual, algunes veus ja van advertir en el moment de la seva presa de possessió de la seva obertura i predisposició davant la col·laboració públic-privada-.
Davant aquestes circumstàncies i tendència que de nou posa en risc la qualitat i eficiència del sistema sanitari públic, ACDESA-CS convida a partits polítics, sindicats, asociacions i a tota la ciutadania a un acte amb el lema «No a la (RE) privatització» que tindrà lloc el proper dimecres 27 de febrer, a les 18’00 hores al Menador espai cultural , en què s’analitzarà la precaritzada situació i les propostes que oferim per a l’àmbit de la radiologia, l’hemodiàlisi i la salut mental a la província de Castelló.

El pasado 1 de febrero, el Consell decidió declarar la « emergencia sanitaria » en el Departamento de Salud de Vinaròs basada en la falta de especialistas en radiología necesarios para cubrir las guardias médicas de presencia física. Y como solución a esta desmesurada medida, adjudicó un contrato a una empresa vinculada al grupo ERESA por valor de 140.000 €.
Desde ACDESA-CS queremos hacer pública la información relevante a la que hemos tenido acceso, ya que con los recursos propios de la sanidad pública valenciana se contaba con la solución que hubiera hecho innecesaria tal declaración de « emergencia sanitaria » en el departamento de Vinaròs. En concreto, se contaba con la participación de radiólogos/as voluntarios/as pertenecientes al Hospital General Universitario de Castelló y al Hospital Universitario de La Plana que se hubieran desplazado al Hospital de Vinaròs para realizar el programa de autoconcierto para paliar la lista de espera, y las guardias pendientes de cubrir por el propio personal del Servicio de Radiología del Hospital de Vinaròs .
Con esta propuesta, tal « emergencia sanitaria » dejaba de tener sentido, y la asistencia sanitaria hubiera estado cubierta con personal propio de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de una manera más eficiente, evitando así el elevado coste que supone la externalización del servicio y la entrada de la empresa privada en una institución sanitaria.
Desde ACDESA-CS queremos advertir de una tendencia reprivatizadora que venimos observando, que poco o nada tiene que ver con las propuestas estrella del Botànic en materia de sanidad emprendidas en el inicio de la presente legislatura, desde el nombramiento de la actual Consellera, Ana Barceló – de la cual, algunas voces ya advirtieron en el momento de su toma de posesión de su apertura y predisposición ante la colaboración público-privada –.
Ante tales circunstancias y tendencia que de nuevo pone en riesgo la calidad y eficiencia del sistema sanitario público, ACDESA-CS invita a partidos políticos, sindicatos, asociaciones y a toda la ciudadanía a un acto con el lema « No a la (RE)privatización » que tendrá lugar el próximo miércoles 27 de febrero, a las 18’30 horas en el MENADOR espai cultural , en el que se analizará la precarizada situación y las propuestas que ofrecemos para el ámbito de la radiología, la hemodiálisis y la salud mental en la provincia de Castelló.

En relación a las últimas informaciones publicadas sobre la contratación de personal privado para realizar servicios radiológicos, la Asociación de Defensa de la Sanidad Pública ACDESA-PV manifiesta que.

1. En noviembre de 2018 ya informamos a la Conselleria a través de un manifiesto, sobre la necesaria finalización de los conciertos privados con las empresas de hemodiálisis, así como la recuperación de los pacientes a los centros públicos. Existía una oportunidad para hacer realidad esta reversión en Vinaròs, empezando por los lotes no adjudicados que quedaron desiertos. Era una una medida factible, adecuada y realista, apoyada por los profesionales de la sanidad pública y habría supuesto una mejora de la atención sanitaria y un ahorro de los valiosos recursos sanitarios públicos según los informes de los propios profesionales sanitarios públicos, pero no fue tenida en cuenta[1].
2. Hace unos días se realizó una declaración de emergencia sanitaria por parte del Consell por falta de personal de Radiodiagnóstico en el Departamento de Vinaròs y se ordenaron las acciones necesarias para garantizar una adecuada asistencia sanitaria con una dotación de 140000. Lo sorprendente de la declaración fueron las medidas asignadas que incluyen la contratación de la empresa privada Ascires[2], vinculada a ERESA quien recientemente se ha visto comprometida por presuntas facturaciones irregulares durante la concesión del servicio de Resonancias Magnéticas[3].  No sabemos si el Consell era consciente que los profesionales de radiología públicos del departamento de Castelló ya se habían ofrecido y aceptado a cubrir la asistencia en el departamento de Vinaròs, pero una vez más la política sanitaria se decantó a los intereses de la empresa privada sin tener en cuenta a los profesionales sanitarios. Resulta evidente la progresiva distancia con la que la Conselleria de Sanitat se aleja de la realidad sanitaria al no contar con los profesionales sanitarios que son los garantes de las Sanidad Publica como en muchas ocasiones han demostrado. No entendemos este cambio de política sanitaria, ni que se contrate a empresas privadas que se están investigando por presuntas irregularidades.
3. Tampoco hemos evidenciado avances sustanciales sobre la incorporación del Hospital Provincial de Castelló a la red pública de hospitales, pese a ser un tema prioritario en la campaña del Consell[4].
4. Tal discrepancia entre “el digo y el haré” nos hace considerar que quizás estas decisiones políticas obedecen a un cambio en las políticas sanitarias a favor de la privatización sanitaria en el departamento de Vinaròs, por ello solicitamos explicaciones al respecto.
5. Por lo anteriormente expuesto podemos afirmar que en el departamento de Vinaròs se está produciendo una progresiva tendencia hacia la privatización y externalización de recurso sanitarios. Esto supone un cambio radical de la política de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública difícil de entender por nuestra asociación de Defensa de la Sanidad Pública. Se evidencia con hechos que los valiosos recursos sanitarios del departamento de Vinaròs se derivan al sector privado en detrimento de los recursos público. Este giro en la política sanitaria tiene consecuencias reales, los recursos sanitarios que se dirigen a las políticas de privatización escasean para otras prioridades como por ejemplo el adecuado desarrollo de Atención Primaria que es la base de todo el sistema.

Por todo ello ACDESA-PV propone:

1. Que el Consell o la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de explicaciones y aclare este aparente cambio de política sanitaria difícil de entender.
2. La adhesión y difusión de este manifiesto de las asociaciones, colectivos y organizaciones que consideren apoyar la iniciativa de desprivatizar el departamento de Vinaròs. (enviar adhesión a secretaría@acdesa.com en Asunto: Desprivatizar Castellón, con nombre de organización y contacto)
3. Iniciar un calendario de actividades para explicar y movilizar a los ciudadanos sobre el avance de las privatizaciones en la provincia de Castelló y como colaborar a su reversión.

Castelló a 11 de febrero de 2019

[1] https://acdesa.com/por-la-recuperacion-de-la-hemodialisis-publica/

[2] https://diaridelmaestrat.com/el-consell-garantiza-el-servicio-de-radiodiagnostico-del-departamento-de-salud-de-vinaros/

[3] https://acdesa.com/comunicado-de-acdesa-pv-sobre-las-presuntas-irregularidades-en-la-facturacion-de-las-rmn/

[4] https://acdesa.com/manifiesto-acdesa-cs-sobre-el-hospital-provincial-de-castellon/

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Pel que fa a les darreres informacions sobre la contractació de personal privat per a realitzar serveis als hospitals públics, ACDESA-PV manifesta que:

1. En novembre de 2018 ja vam informar a la Conselleria mitjançant un manifest, sobre la necessària finalització dels concerts privats amb les empreses d’hemodiàlisi i de la recuperació dels pacients cap als centres públics. Existia una oportunitat per a materialitzar aquesta reversió a Vinaròs, partint dels lots no adjudicats que van quedar deserts. Era una mesura factible, adient i realista, recolzada pels professionals de la sanitat pública, que hauria suposat una millora de l’atenció sanitària i un estalvi dels valuosos recursos públics segons consta als informes fets pels propis professionals sanitaris, però no fou presa en consideració1.
2. Fa uns dies el Consell va fer una declaració “d’emergència sanitària” per manca de personal de Radiodiagnòstic al Departament de Vinaròs i es van ordenar les accions necessàries per tal de garantir una adequada assistència, amb una dotació de 140.000€. D’aquesta declaració sorprenen les mesures adoptades, que inclouen la contractació de l’empresa privada Ascires2 vinculada a ERESA què, recentment, s’ha vist compromesa per presuntes facturacions irregulars durant la concessió del servei de Ressonàncies Magnètiques3.  No sabem si el Consell era conscient de que els i les professionals de radiologia públics del Departament de Castelló ja s’havien oferit i havien acceptat cobrir l’assistència al Departament de Vinaròs però, un cop més, la política sanitària s’inclina cap als interesos de l’empresa privada sense comptar amb els professionals. Resulta evident el progressiu distanciament que la Conselleria de Sanitat pren amb la realitat sanitària al no comptar amb els i les professionals que són els garants de la Sanitat Pública com han demostrat moltes vegades. No entenem eixe canvi de política sanitària, i molt menys que es contracte a empreses privades que ara mateix són investigades per presumptes irregularitats.
3. Tampoc hem evidenciat avanços substancials sobre la incorporació de l´Hospital Provincial de Castelló a la xarxa pública, malgrat ser un tema prioritari a la campanya del Consell.
4.  Eixes discrepàncies entre el que es diu i el que es fa, ens fan considerar que probablement aquestes decisions polítiques obeeixen a un canvi en les polítiques sanitàries a favor de la privatització sanitària al Departament de Vinaròs. És per això que demanem explicacions al respecte.
5. Per tot el que hem exposat podem afirmar que s’està produint una progresiva tendència cap a la privatització i externalització de recursos sanitaris. Això suposa un canvi radical de la política de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública difícil d’entendre per la nostra Associació en Defensa de la Sanitat Pública.  S’evidencia amb fets que els valuosos recursos del Departament de Vinaròs es deriven cap al sector privat en detriment dels recursos públics. Aquest gir a la política sanitària té conseqüències reals. Els recursos sanitaris que es dirigeixen a les polítiques de privatització afecten a prioritats com per exemple el suport a l’Atenció Primària, la base de tot el sistema.

Per tot això ACDESA-PV proposa:

1. Que el Consell o la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública done explicacions i aclareixca aquest canvi de política sanitària difícil d’entendre.
2. L’adhesió i difussió d’aquest manifest per les associacions, col.lectius i organitzacions que vullguen donar suport a la iniciativa de desprivatitzar el Departament de Vinaròs. (enviar adhesió a secretaría@acdesa.com en Assmpte: Desprivatitzar Castelló, amb nom de l’organització i contacte).
3. Iniciar un calendari d’activitats per tal d’explicar i mobilitzar als ciutadans i ciutadanes sobre l’avançament de les privatitzacions a les comarques de Castelló i com col.laborar cap a la reversió.

Ante las recientes informaciones publicadas en el diario “El Pais” sobre presuntas irregularidades en la facturación de las Resonancias Magnéticas Privadas, ACDESA-PV expone que:

La privatización de las RMNs en la Comunitat Valenciana ha supuesto un importante traspaso de recursos y dinero público al sector privado. El concierto de resonancias magnéticas representa el 10,9% de los 469,5 millones de euros de las obligaciones reconocidas en 2012 de conciertos sanitarios por la administración pública (1). Sin embargo, mas allá del gasto, la concesión privada de la RMN en la Comunitat ha provocado una pérdida de valor tecnológico para la Sanidad Pública Valenciana y un retraso en el desarrollo formativo y asistencial en este campo de conocimiento.

En el 2000 se convocó un concurso público para implantar equipos y realizar las RMNs a los pacientes de la sanidad pública, por una duración de 8 años y un coste de 166.64 millones de euros. El plan anterior de adquisición de nuevos aparatos y desarrollado en algunos hospitales no principales por la anterior administración sanitaria socialista desde el 1995 fue cancelado. No se tuvieron en cuenta las recomendaciones de miles de médicos clínicos y de las Sociedades Científicas, entre ellas la Española de Radiología Médica que, a través de su presidente, Joaquín Fernández Cruz, pronosticaron un exceso de demanda pues “al no estar integrada (la RM), se pueden hacer exploraciones en exceso sin que estén realmente indicadas». Tampoco escucharon cuando se anunció que a corto plazo se superarían con creces los millones euros del pliego de condiciones (2).

Las empresas adjudicadas fueron Eresa, Beanaca S.A e Inscanner S.L. Las condiciones impuestas a las empresas garantizaban su hegemonía en el sector, asegurando los clientes, ingresos y beneficio. El beneficio aumentaría progresivamente a la demanda, sin mecanismos de control públicos y el pago por los servicios estaba garantizado por la institución pública sanitaria. El resultado final de esta política sanitaria provocó in incremento del coste final un 60% mayor, debido al aumento del número de exploraciones injustificadas según los datos del Ministerio de Sanidad (3). Pero además del sobrecoste, el aumento injustificado de exploraciones de RMN tiene consecuencias negativas sobre la salud por el sobrediagnóstico al que se asocia como apuntan numerosas publicaciones (4).

En 2013 La Sindicatura de Comptes realizó un demoledor informe que, bajo el título “Resonancias Magnéticas: Una Oportunidad de Ahorro”, recogía los resultados de la auditoria que evaluaba con criterios de eficiencia, eficacia y economía de la gestión, el concierto de resonancias magnéticas por la Conselleria de Sanitat. En el informe se concluye que la prestación privada del servicio no tiene ninguna ventaja para la Generalitat. El “ahorro potencial anual” a favor de la administración pública oscilaría entre 3,3 y 16,7 millones de euros si la sanidad pública valenciana prestara el servicio “con medios propios” (5). Además, instaba a la consellería a retomar la gestión de la RMN con medios propios cuando finalizara la concesión en el 2018. El fiasco en la gestión de los recursos sanitarios estaba claro.

En julio de 2018 el Gobierno Valenciano aprobó una declaración de urgencia para regular los efectos en materia de personal tras la extinción del contrato de resonancias magnéticas. Se anunció la subrogación del personal que lo prestaba como indica la ley y la internalización de 20 equipos de las empresas adjudicadas. Además, incorporaba dentro del plan de salud 2016-2020 dotación para revertir progresivamente la actividad y equipos de resonancia magnética a la red sanitaria pública (6). No obstante, Consellería ha firmado nuevos contratos de nuevo por empresas privadas para realizar la RMN que retrasan la incorporación de las RMN a la pública. Además, en el año electoral 2019, si hay un cambio a gobiernos conservadores la posibilidad de revertir esta errónea política sanitaria de privatización se esfumará (7).

Según las informaciones publicadas en medios de comunicación, pueden existir irregularidades en la facturación en las RMN en los años 2000-2008 y esto nos alertan sobre un presunto caso de corrupción relacionados con las privatizaciones en la Comunidad Valenciana. Estas informaciones junto con el Informe de la Sindicatura de Comptes del 2013 ponen de manifiesto la ineficiencia para las arcas públicas que han supuesto y suponen este tipo de políticas sanitarias. Los recursos sanitarios que se destinan a las políticas de privatización son los que faltan para desarrollar otras necesidades como por ejemplo la Atención Primaria justo a otras necesidades de la Sanidad Pública.

Por ello ACDESA-PV, solicita a la Consellería de Sanitat Universal y Salud Pública:

1. Investigar lo sucedido y si se encuentra indicios de delito se pongan en conocimiento de la autoridad judicial para para aclarar responsabilidades.

2. Reconocer la labor de los profesionales públicos que denuncian irregularidades en el uso de los valiosos recursos sanitarios en favor de la Sanidad Pública, pues una vez más se demuestra que son garantes del adecuado control y gestión de los bienes públicos.

Valencia a 29 de enero de 2019

(1) Informe «Resonancias magnéticas: una oportunidad de ahorro» Sindicatura de Comptes.

(2) “El despropósito de las resonancias magnéticas” Isidoro Rodriguez. Diario “El Pais”. 13 de septiembre de 2005

(3) Mª Jose Mendoza. Privatizaciones en el País Valenciano. La contrarreforma Sanitaria. Editorial Catarata. 2013.Pag 64-89

(4) Kovacs et all. “Appropriateness of lumbar spine magnetic resonance imaging in Spain”. Eur J Radiol. 2013 Jun;82(6):1008-14. doi: 10.1016/j.ejrad.2013.01.017. Epub 2013 Feb 16

(5) La gestión pública de las resonancias ahorraría hasta 16,7 millones al año. Diario “El Pais”. 1 de agosto de 2013

(6) Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública

(7) Nueve empresas se disputan el nuevo contrato público de las resonancias. Diario Levante-EMV. 26 de junio de 2018

“In memoriam” de Laura Luelmo y otras 972 mujeres asesinadas (estadísticas oficiales) en nuestro país desde 2003
Basta ya!
Es el grito y la indignación que nos desborda a muchas personas estos días. El caso viene de lejos, aunque vayamos tomando conciencia de su insoportable trascendencia desde hace unos años y 2018 haya sido un punto de inflexión en el avance del feminismo como movimiento globalizador.
La violencia machista es un tremendo problema de salud pública, fruto de una sociedad patriarcal que cosifica a las mujeres y ofrece patente de corso a los hombres para configurar el lugar que cada cual ocupa en la historia. No es soportable una desigualdad tan grande que obliga a las mujeres a vivir con temor y autocensurados sus derechos como personas, si no quieren ser maltratadas o señaladas de mil maneras por querer ser ellas mismas.
Los asesinatos son la parte más dolorosa y cruel de esta injusticia, pero existen otras formas de opresión menos llamativas pero igualmente eficaces para conseguir el objetivo de subordinar a la mitad de la población. El maltrato físico y psicológico, las diferencias salariales, la imposición de la doble jornada, la dificultad de acceso a puestos directivos, la falta de igualdad de oportunidades vitales…
Las mujeres llevan toda la historia reivindicándose y desde finales del siglo XIX con un movimiento cada vez más potente, solidario y combativo. En el camino van coincidiendo cada vez más hombres que no quieren un modelo patriarcal, conscientes de que la lucha de las mujeres por liberarse de esa posición subsidiaria, nos liberará a todos para construir conjuntamente una relación fraternal e igualitaria.
El machismo es un problema de los hombres que sufren las mujeres, por eso es importante que más voces masculinas hagan patente su indignación y expresen su rechazo a la violencia machista. Que se alcen cientos de voces para arrinconar a los violentos. Y además está el día a día de las relaciones entre hombres y mujeres donde tiene que imperar el buen trato y el reparto igualitario de tareas domésticas y está la educación no sexista de niños y niñas en el ámbito familiar y escolar, y están los grupos de amigos, donde la tolerancia con los macro y micro machismos debe ser cero y está el combate político contra posiciones intolerables de la ultraderecha y los partidos que han despreciado durante tantos años las políticas contra la violencia de género, por más que ahora, envueltos en una hipócrita indignación, pretendan colar su cadena perpetua o su defensa de la familia tradicional como soluciones a esta lacra.
Por último, hay que exigir a los poderes públicos un compromiso firme contra la violencia machista y que los programas que defiendan a las mujeres de morir a manos de los violentos se doten de financiación adecuada y se forme a la judicatura, a la policía, a los profesionales sanitarios, al profesorado…
Acabar con la violencia machista es tarea de toda la ciudadanía y en cualquier ámbito. Solo así mejorará la salud física, psicológica y social de la población.
Mirar la vida con los ojos de las mujeres no es una opción, es un compromiso ineludible de justicia y valor para construir otro mundo.
Basta de violencia machista.

La Associació Ciutadana per la Promoció i Defensa de la Salud del País Valencià (ACDESA-PV), davant les notícies de premsa vessades en el diari “Las Provincias”, en data 8,9,12 i 19 de novembre passat sobre el “veto a la cirugía cardíaca de l’hospital de Manises” vol deixar pal.lés:

1. Que l’Hospital de Manises és un hospital comarcal, raó per la que no li pertany tenir, entre altres, cirurgia cardíaca, neurocirurgia i cirurgia toràcica.
2. Que, a més, està a una distància de 12 km de qualsevol hospital de referència on existeix la cirurgia cardíaca, i amb excel.lents comunicacions tant per carretera, metro o autobús.
3. Que d’acord a la “Sociedad Española de Cirugia Torácica y Cardiovascular” (SECTCV) i avalat per les societats internacionals i organismes oficials, caldria fer un mínim de 600 cirurgies majors a l’any per a tenir uns resultats qualitatius bàsicament òptims. Segons la premsa, el nombre d’intervencions en Manises ha estat de 829 des de 2011, o siga a l’entorn de 100 -120 cirurgies a l’any. Nombre que perfectament haguera estat assumit pels hospitals de referència sense cap problema, doncs la llista d’espera a 30 de novembre és de 20-30 dies.
4. Que en contra del que manifesta el responsable de cirurgia cardíaca de Manises, no existeix un “plan preparado ni premeditado”  ni és “por la ideología política de un Gobierno, apoyada por alguna mano negra de alguna persona.” El que és evident és que qui té la responsabilitat de planificar l’assistència és la Conselleria de Sanitat i, per tant, és qui deu decidir amb quins serveis i/o especialitats compta en qualsevol dels hospitals de la xarxa, dels que també formen part aquells de concessió administrativa. Cal afegir que, si de cas, seria molt més  operatiu obrir un servei de Cirurgia Cardiaca a Castelló on no hi existeix cap i on les distàncies als hospitals de referència són vertaderament excessives (a mode d’exemple, Vinaròs a 151 Km., Morella a 180 Km. i el mateix Castelló a  72 Km.)

Per tant, ACDESA-PV, fa costat a la Conselleria de Sanitat per considerar que és absolutament raonable i encertada la decisió que ha pres, doncs en cap moment perjudica als malalts, sinó, més bé, tot el contrari, al temps que evita despeses innecessàries.

ACDESA-PV  desembre 2018

Ante la publicación del decreto de la Conselleria de sanidad 188/2018 mediante el que se regula la concertación de servicios farmacéuticos asistenciales y la acreditación de las oficinas para su prestación ACDESA manifiesta que:

1.- La atención farmacoterapéutica es una parte importante de la atención integral (bio-psico-social) que el sistema sanitario y fundamentalmente la Atención Primaria y sus unidades de apoyo deben ofrecer a los problemas de salud de la ciudadanía.

2.- En ese sentido apoyamos en su momento la creación de los servicios farmacéuticos de Área de Salud, adscritos a la Dirección de Atención Primaria del departamento de salud, que en nuestra opinión debían asumir las funciones de promoción del uso racional del medicamento, farmacovigilancia, educación poblacional, elaboración de guías y recomendaciones farmacoterapéutica y la atención farmacoterapéutica individual, implicándose como un elemento más en los equipos de atención primaria. Sin embargo nos parece que estas necesidades para una correcta atención integral han quedado a medio camino por la falta de implementación de las sucesivas administraciones sanitarias.

3.- En ese contexto, el reciente decreto aprobado, aunque de momento no otorga ningún papel a la oficina de farmacia, si abre la puerta a la externalización del servicio de prestación farmacoterapéutica. Desde nuestro punto de vista debería implementarse mediante los servicios farmacéuticos de Área y lo contrario es una concesión al “lobby” farmacéutico que a través de los Colegios de Farmacéuticos están ejerciendo una presión continua sobre la administración sanitaria, habiendo conseguido recientemente la retirada del proyecto de farmacia sociosanitaria, aprovechándose de sus debilidades.

4.- El decreto 188/2018, es a corto plazo una declaración de intenciones, porque esta todo por desarrollar y además se cura en salud, al plantear que la actividad que en un momento determinado pudiera ejerce la oficina de farmacia debería estar acorde con sus funciones profesionales legalmente establecidas (evitar intrusismo), tras un proceso de formación específico, siempre que las necesidades de la administración sanitaria lo requirieran y sin coste adicional para las arcas públicas. No obstante esta voluntad de control del gobierno, puede ser relajada e incluso modificada por gobiernos sucesivos que quieran externalizar servicios. De ello tenemos buena muestra en la Comunidad Valenciana durante los gobiernos del PP.

5.- El decreto además plantea muchas dudas sobre la confidencialidad de la información ya que habla de conectar sistemas de información de las farmacias y la Conselleria o de proporcionar acceso a los actuales sistemas corporativos de sanidad. Cuestión ésta, muchas veces necesaria para la atención integral, pero más segura si se hace con el personal de la atención pública debidamente acreditado.

6.- La oficina de farmacia juega ya un papel importante en la distribución de medicamentos y consejo a la población y podrían establecerse canales de comunicación entre los centros de salud y las oficinas de farmacia, para campañas de promoción de salud, problemas derivados de la interacción medicamentosa o como activos en salud para la detección de problemas de fragilidad o soledad en las personas, como ya están haciendo otros establecimientos en programas de salud comunitaria. Actividades que por otra parte ya deberían ser habituales en su propia cartera de servicios y desde luego sin coste adicional alguno.

Por todo ello concluimos:

– Que este decreto es innecesario porque responde a intereses corporativos y abre la puerta a una posible externalización de servicios que el sistema público puede proporcionar y por tanto abogamos por su retirada.

– Que hay que desarrollar los servicios farmacéuticos de Área, debidamente conectado con el servicio de farmacia hospitalaria, incorporando también la prestación en centros sociosanitarios, para que la atención farmacoterapéutica forme parte de la atención integral que el sistema sanitario público debe proporcionar.

En ACDESA-PV nos proponemos estar atentos ante cualquier conflicto de intereses, que por presiones de grupos corporativos, se puedan transformar en normativa o acción política desvirtuando las necesidades reales de los pacientes y la población.

Valencia, noviembre 2018

ACDESA PV